Los pisos turísticos son uno de los factores que más pesa en el deterioro de la imagen del turismo en Madrid. Así lo confirma el Barómetro de Percepción Turística de LLYC y Prensa Ibérica, que indica que la proliferación de alojamientos sin licencia, su impacto en el precio de la vivienda y las quejas vecinales los sitúan en el centro de la polémica (Identifican más de 15.000 pisos turísticos ilegales en Madrid).
Tal y como recoge El Periódico de España, la capital ha suspendido por primera vez desde que comenzaron estas mediciones en 2022, al caer su valoración a un 4,2 sobre 10 en el segundo trimestre del año. Cabe destacar que hace apenas tres años, Madrid registraba un notable 7,6.
Los datos reflejan con claridad el alcance del problema. A 20 de mayo, había en la ciudad 13.502 pisos turísticos ofertados, de los cuales solo 1.008 contaban con licencia. Esto significa que el 92,6% de estos alojamientos funcionaban de forma ilegal (Madrid desvela la ubicación de los 1.008 pisos turísticos con licencia).
Para que se hagan una idea de la dimensión del problema, en los últimos siete años, el crecimiento ha sido del 41%, con 5.564 nuevos alquileres. En este periodo, el 65% de las nuevas plazas turísticas incorporadas en la capital se corresponden con viviendas de este tipo, frente al 35% generado por los hoteles.
Esto ha llevado al Ayuntamiento a actuar con contundencia contra este segmento. A través del “Plan Reside”, que restringe la concesión de licencias a pisos turísticos ubicados en edificios residenciales del centro histórico. Solo se permitirá esta actividad en viviendas con accesos independientes y ubicadas en plantas bajas o primeras. Además, impone sanciones de entre los 30.000 y los 100.000 euros a los que operan al margen de la legalidad.
Con todo ello, el informe advierte de que estas cifras explican gran parte del rechazo social. Los vecinos denuncian la expulsión de residentes de sus barrios y el encarecimiento de la vivienda, mientras que distintas asociaciones critican la insuficiencia de la regulación actual para frenar la expansión de alojamientos ilegales. El propio barómetro recoge que las tensiones han aumentado, con denuncias y acciones legales contra la gestión municipal.
