El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, firmó este lunes el decreto por el que se pone en marcha el proceso de privatización de TAP, la aerolínea estatal (Portugal reactiva la privatización de TAP: aprueba la venta del 49,9%).
Ahora, el Gobierno ha de aprobar el cuaderno de encargos, que definirá las condiciones, muchas de las cuales ya se conocen: venta de no más del 49,9 por ciento del capital, con un 5 por ciento del total para los trabajadores (Portugal descarta la venta total de TAP).
Los tres grandes grupos, que obviamente no están muy contentos con la idea de no tener la mayoría del capital, esperan a ver si en ese cuaderno de condiciones aún hay más reglas que limiten su capacidad de tomar decisiones y de encuadrar la compañía en su estrategia. En otras palabras, qué poder se reserva el accionista mayoritario, o sea el estado portugués.
El decreto aprobado este lunes tuvo que solventar algunos obstáculos antes, como aclarar exactamente el capital de TAP y su patrimonio y la situación de la antigua TAP, una sociedad que había entrado en insolvencia y que podría haber contaminado este nuevo proceso de privatización (porque la historia de TAP con las privatizaciones, sobre todo con las frustradas, viene de lejos).
Aunque formalmente los tres grandes grupos europeos, IAG (donde está Iberia), Lufthansa y Air France KLM siguen interesadas, se han mostrado menos eufóricos, en parte por las nuevas condiciones, y también porque Lufthansa está ahora embarcada en la absorción de Ita y Air France en la de SAS, la aerolínea escandinava.
No obstante, no es posible saber qué es desinterés y qué estrategia de posicionamiento, para evitar que la disputa termine resultando en unos costes inasumibles.
