Malas noticias para agencias de viajes y turoperadores. El Parlamento Europeo ha publicado un borrador del informe sobre Directiva de Viajes Combinados en el que se pasan por alto las exigencias de los representantes en el sector y se mantienen una serie de cambios que, en caso de salir adelante, supondrán un “peligro para la liquidez” de las empresas organizadoras de viajes (Las agencias avisan: el límite a los anticipos afectará a los consumidores).
En un comunicado conjunto, ECTAA y ACAVE expresan su “asombro” por el contenido del mismo, argumentando que “ignora las serias preocupaciones planteadas por el sector sobre aspectos clave” (Alerta en el sector de agencias por el límite a los anticipos).
Alarma especialmente la limitación al 25% de los pagos anticipados para los viajes combinados, medida que “supone una carga adicional para los organizadores, que ya ofrecen garantías a los clientes en casos de insolvencia”. “Así pues, restringir los pagos por adelantado no reduciría los riesgos de insolvencia, sino que debilitaría financieramente a los operadores, especialmente en la primera mitad del año”, advierten ambas organizaciones.
“Si el objetivo es realmente proteger a los consumidores, ¿por qué no garantizar que los pagos anticipados estén protegidos en todos los servicios de viaje en lugar de centrarse únicamente en los turoperadores?”, cuestiona Eric Drésin, secretario general de ECTAA.
Otro aspecto que ha despertado el rechazo frontal del sector es la definición del paquete turístico. El Ejecutivo comunitario pretende extenderla para incluir dos ventas realizadas en el mismo sitio web dentro de un periodo de 72 horas. “Este enfoque genera una gran incertidumbre, ya que las agencias no podrán determinar si un servicio de viaje reservado es independiente o parte de un paquete hasta que transcurra un periodo de 72 horas”, señalan.
ECTAA y ACAVE piden una reforma “equilibrada y práctica”, recordando que los viajes combinados “representa menos del 15% de los servicios de viaje vendidos en la Unión Europea”. “En lugar de imponer restricciones adicionales a los turoperadores, un enfoque más eficaz sería mejorar la protección del 85% de los consumidores de la UE que utilizan servicios independientes”, defienden.
