Las medidas en materia de política de vivienda aprobadas en el último Congreso Federal del PSOE, celebrado el pasado fin de semana en Sevilla, anticipan que este será uno de los principales temas de debate en la próxima campaña electoral. El partido en el gobierno ha centrado su atención en las viviendas turísticas. Las reacciones no han tardado en llegar: Airbnb ha dado a conocer un estudio encargado a PwC y ha propuesto también “medidas para regular de manera eficaz los alquileres de corta duración ante el casi inexistente efecto que la actividad tiene sobre el mercado de la vivienda”.
Propuesta del PSOE: eliminar todas las viviendas turísticas ilegales y más impuestos a las legales
Junto a la creación de una gran empresa estatal de vivienda, que ha sido el anuncio estrella el pasado domingo del reelegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, los socialistas han incorporado una veintena de medidas a su política de vivienda en el 41 Congreso Federal celebrado en Sevilla.
Desarrollar un impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda, eliminar todos los pisos turísticos ilegales y aumentar la carga fiscal de los legales son algunas de ellas.
En el documento, que recoge los objetivos y medidas del partido hasta 2030 y en el que no figura la creación de la empresa pública de construcción y gestión de vivienda anunciada por Sánchez, se aboga por desplegar una política de vivienda “ambiciosa” y “social”, por no enfrentar a propietarios con inquilinos y por abordar soluciones a corto, medio y largo plazo.
Según recoge el documento o ponencia marco del congreso, los principales objetivos de los socialistas en política de vivienda para 2030 son:
- Aumentar progresivamente el parque público de vivienda hasta superar al menos el 6% del total
- Rehabilitar 1,5 millones de viviendas antes de que termine la década.
- Reducir a menos del 7 % la proporción de personas que afrontan dificultades financieras para el pago de la vivienda al destinar más del 40 % de sus ingresos.
- Eliminar todas las viviendas turísticas ilegales.
- Reforzar en la Constitución Española el derecho a la vivienda, manteniendo de forma permanente la titularidad publica en el caso de las viviendas de promoción pública.
Para alcanzar estos objetivos, los socialistas se proponen actuar en tres frentes: el aumento de la oferta, la lucha contra la especulación y las ayudas a los jóvenes con menos recursos.
Por otro lado, con el objetivo de fomentar la construcción y la movilización de más vivienda asequible, el PSOE se compromete a impulsar:
- Una reforma de la ley del suelo que agilice el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos y la tramitación de licencias para la promoción de vivienda pública y/o accesible
- Incentivos fiscales para la construcción de obra nueva y la rehabilitación de edificios destinados a este fin
- Suelos dotacionales, financiación del ICO y colaboración público-privada para construir vivienda pública de alquiler asequible
- Construcción modular para reducir los tiempos de edificación y mejorar el control de calidad y la sostenibilidad de las viviendas
- Una reforma legislativa en Bruselas para que los fondos de cohesión y las “ayudas de estado” financien la construcción de vivienda pública
- Nuevos incentivos fiscales para quienes rehabiliten y pongan sus viviendas vacías en alquiler a un precio asequible, especialmente en zonas de alta demanda
- Un seguro público contra impagos y desahucios que aumentará las garantías de los propietarios y la seguridad de los inquilinos.
Las medidas del PSOE para poner coto a la vivienda turística
En otro eje de actuación, el PSOE quiere desincentivar la especulación y poner coto a la vivienda turística y otros usos fraudulentos, para lo cual aprobará:
- Nuevos marcos regulatorios que prohibirán la conversión de viviendas residenciales en viviendas turísticas y de temporada en aquellas zonas de alta demanda
- La posibilidad legal de que sean los ayuntamientos los que establezcan la definición de zona tensionada
- Un impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda
- El refuerzo de los servicios de inspección contra el fraude inmobiliario, incorporando un régimen sancionador
- El aumento de la carga fiscal de los usos de vivienda no residenciales para desincentivarlos
- El refuerzo del Observatorio estatal de Vivienda y Suelo para que recoja los datos de todos los contratos de alquiler y compraventa
- Un registro europeo de transparencia para las inversiones inmobiliarias internacionales.
Edificios de viviendas en Valencia. Foto: Adobe Stock
Airbnb: el alquiler de corta duración tiene un “impacto mínimo” en la vivienda
Por su parte, esta semana Airbnb ha dado a conocer una serie de propuestas dirigidas al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Vivienda, así como a los gobiernos regionales de Madrid y Cataluña (en proceso de desarrollar nuevas rondas de regulaciones que afectarán a la vivienda turística), así como un estudio que encargó a la firma de consultoría PWC titulado “Impacto del alquiler de corta duración en España”.
“El paquete de medidas propuestas por Airbnb tiene en cuenta un reciente informe de la firma de consultoría PWC que revela que los alquileres de corta duración tienen un impacto mínimo en el precio y la disponibilidad de la vivienda en el conjunto de España”, afirma la compañía estadounidense.
“Según el informe, tan solo el 0,3% del incremento en los precios de la vivienda en los últimos cinco años puede atribuirse a los alquileres de corta duración, mientras que el resto de los factores son ajenos a esta actividad, entre los que destacan la falta de construcción de viviendas ante el incremento en el número de hogares y los altos volúmenes de casas vacías”, añade Airbnb.
Además, sostiene la plataforma de alquiler turístico, “las ciudades que han adoptado medidas excesivas contra los anfitriones – como Madrid, Barcelona, Nueva York o Edimburgo – ponen en evidencia la falta de eficacia de este tipo de regulaciones a la hora de reincorporar viviendas al mercado inmobiliario. En su lugar, han provocado una reducción de las opciones de alojamiento disponibles para los visitantes, concentrando la demanda en menos barrios y disparando a niveles récord los precios de los hoteles. Mientras tanto, los precios de los alquileres han alcanzado máximos históricos y las familias y los comercios locales se arriesgan a perder una fuente vital de ingresos”.
Los cuatro principios regulatorios que propone Airbnb
Por todo ello, Airbnb pide a las administraciones públicas españolas que adopten “cuatro principios regulatorios para los alquileres de corta duración”.
- “Las normativas deben ser proporcionadas y justificadas, y tener alcance únicamente en aquellas zonas donde la necesidad de regulación está demostrada.
- “España debe contar con un sistema de registro que sea sencillo, online y armonizado”
- “Permitir y diferenciar la actividad ocasional en viviendas residenciales, ya que aporta ingresos extra a las familias y no afecta a la oferta de viviendas: La normativa debe tratar de manera diferenciada la actividad intensiva y profesional de aquellos que alquilan de manera ocasional una vivienda residencial”.
- “Promover la dispersión de los viajes hacia nuevos destinos y potenciar las comunidades rurales”
En opinión de Sara Rodríguez, responsable de políticas públicas para España de Airbnb, “unas normas cada vez más restrictivas de los alquileres de corta duración solo generan subidas disparadas de precios de los hoteles y que los destinos españoles se vuelvan menos competitivos y asequibles, especialmente para las familias que dependen de estos alojamientos para poder viajar. Las áreas rurales y los emprendedores locales – no solo las grandes empresas y los hoteles – también deberían poder beneficiarse del turismo”.
El estudio encargado por Airbnb a PWC se puede descargar en el siguiente enlace:
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