El polémico real decreto 933/21, que obliga a hoteles, agencias y empresas de alquiler de vehículos en España a recopilar información sensible de sus clientes, está generando preocupación en el Reino Unido. Algunos medios británicos califican la norma como “Gran Hermano”, por la amplia batería de datos que se exige recopilar (Registro documental: la espada de Damocles que amenaza al turismo).
Según recoge la prensa, esta legislación ha provocado inquietud entre los turistas británicos, quienes consideran que la medida podría violar su privacidad. Algunos actores advierten que esta nueva exigencia podría reducir el atractivo turístico de España, especialmente en zonas muy visitadas por sus ciudadanos, como las Islas Baleares y la Costa del Sol.
“En la actualidad, los hoteles y los propietarios de apartamentos hacen una copia de los pasaportes o los documentos de identidad de los huéspedes y luego se la entregan a la policía. Pero las nuevas normas llevarán este requisito un paso más allá, ya que se prevé que se tomen datos sensibles”, advierten.
La normativa, que ha sido recientemente pospuesta hasta el próximo 2 de diciembre, exige recoger hasta 43 datos de los viajeros frente a los 14 que se obligan actualmente. Entre ellos, se encuentran los clásicos documentos oficiales de los clientes (DNI y pasaporte), pero también formas de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil, domicilio real de residencia, relación de parentesco entre los viajeros, y un largo etcétera (La norma Marlaska triplica los datos que los hoteles deben comunicar).
Toda esta información será enviada al Ministerio del Interior, que la conservará en dos ficheros administrados por la Secretaría de Estado de Seguridad. El objetivo, teóricamente, es que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan acceder a estos datos para “mejorar la eficacia en la prevención y la investigación de los delitos de terrorismo o los relacionados con la delincuencia organizada de carácter grave”.
Cabe recordar que desde el sector turístico se viene produciendo una clara unión en contra de la medida. Hoteleros y agencias de viajes han alertado de que se trata de una normativa de imposible aplicación y que supone una carga de trabajo inasumible para los profesionales. De hecho, las segundas han solicitado quedar exentas, ya que no prestan ni el servicio de hospedaje ni el de alquiler de vehículos.
De igual manera, en el ámbito político, el senador del Partido Popular, Agustín Almodóbar, lleva semanas pidiendo explicaciones al Gobierno central. Este ha presentado en el Senado una amplia batería de iniciativas relacionadas con el registro documental, y ha formulado casi una decena de preguntas para conocer si Interior realmente tiene conocimiento del impacto negativo que tendría esta medida en el sector turístico.
