A dos semanas para la entrada en vigor del polémico Real Decreto 933/2021, el sector hotelero vuelve a mostrar su profundo rechazo hacia una normativa que considera de inviable aplicación, avisando del “caos” que provocaría en las empresas. A partir del 1 de octubre, será obligatorio el registro documental de los viajeros que se alojen en establecimientos turísticos (Los hoteleros se rebelan contra el registro documental).
En este sentido, Cehat lamenta que se prometió la elaboración, por orden ministerial, de un documento que recogiese cuales deberían ser los datos que se aporten por cada uno de los subsectores del turismo. No obstante, expone que “este desarrollo legislativo no existe, por lo que se produce una confusión generalizada con respecto a qué información sería exigible y a la forma de remitirla” (Las agencias tiemblan por la llegada de una norma “de imposible cumplimiento”).
“El sector hotelero se encontró con la sorpresa de que tenía que facilitar datos no oficiales y que no aparecen en ninguno de los documentos que portan los viajeros. Esto hace imposible remitirlos de forma automatizada, obligando a su registro y envío de forma manual y al consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir”, critica la asociación.
Así, defiende que las nuevas obligaciones, no solo incrementan la carga administrativa, sino que también son incompatibles con la normativa europea sobre protección de datos. De hecho, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la medida vulnera los principios de proporcionalidad y minimización de datos, poniendo en riesgo a las empresas españolas ante posibles sanciones y acciones legales por el tratamiento indebido de información personal.
La patronal también hace referencia a que el Real Decreto 933/2021 coloca a las empresas turísticas españolas en desventaja competitiva frente a otros países de la UE. A su juicio, la complejidad para cumplir con estas exigencias podría disuadir a los turistas y empresas extranjeras de operar en España, afectando gravemente la competitividad del país en el mercado turístico internacional.
Finalmente, otra de las grandes preocupaciones radica en la falta de adecuación tecnológica para cumplir con la normativa. Actualmente, la infraestructura necesaria para recolectar y transmitir los datos no está lista, lo que genera inseguridad jurídica y riesgos operativos para las empresas. Además, la dispersión de competencias en seguridad entre regiones añade aún más complicaciones, especialmente para empresas con presencia en varias Comunidades Autónomas.
Con todo ello, Cehat señala al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil para que realicen una revisión de la normativa, ya que, en las condiciones actuales, será imposible cumplirla. Además, se perdería la “fiabilidad” de los datos para prevenir los delitos y el terrorismo.
