La patronal hotelera de la Comunidad Valenciana (Hosbec) se suma a las protestas contra el registro documental de viajeros, medida impuesta por el Ministerio de Interior que será de obligado cumplimiento a partir del próximo 1 de octubre (Los hoteleros se rebelan contra el registro documental).
La normativa impone nuevos requisitos para el registro de los viajeros que se alojen en establecimientos turísticos, así como la transmisión de estos datos por medio de una plataforma diseñada por el Ministerio del Interior. Los operadores turísticos, principalmente agencias de viajes, llevan meses advirtiendo que dicha plataforma “es muy ineficiente, haciendo imposible la recogida y transmisión de estos datos”.
Hosbec muestra su total acuerdo con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que como publicó Preferente considera “incomprensible el empecinamiento de los responsables del Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Fernando Grande-Marlaska, en provocar un caos para los colaboradores del ministerio y en generar una amenaza de grandes multas y sanciones a todos los que no actúen bajo unos nuevos parámetros que, a nuestro juicio, son incumplibles e ilegales, y que provocarán la segura pérdida de información sensible sobre los viajeros y un aumento de responsabilidad sobre datos no comprobables”.
Para los hoteleros, “es imposible recabar y certificar la autenticidad de algunos de estos datos, por lo que esto provocaría un caos organizativo en las recepciones en perjuicio de los usuarios y contraviniendo flagrantemente las normas de minimización de datos de las directivas europeas y su protección”.
Además, los hoteleros recuerdan que más del 70% de las empresas de alojamiento “son pymes y micropymes que no pueden disponer de la protección suficiente de ciberseguridad que garantice la protección efectiva de los datos recogidos”.
Ante la inmediata entrada en vigor el 1 de octubre de este Real Decreto, CEHAT ha manifestado la necesidad de reunirse nuevamente con el secretario de Estado o el ministro del Interior, sin haber obtenido respuesta alguna, “lo que ha provocado un gran malestar en todo el colectivo y la puesta en marcha de sus servicios jurídicos para impedir su aplicación”, informa Hosbec.
