
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 2,91 millones de euros a Ávoris, Viajes El Corte Inglés, Nautalia e IAG7 por prácticas anticompetitivas en licitaciones públicas del Banco de España y de la Universidad Complutense de Madrid (Cártel de agencias de viajes: Competencia ultima su dictamen).
Según la resolución, Nautalia, VECI y Ávoris Retail se repartieron de forma concertada dos contratos públicos, mientras que IAG7 participó únicamente en el acuerdo relativo al organismo supervisor. Así, considera acreditado que las empresas coordinaron su comportamiento para evitar competir entre sí y condicionar el resultado de los concursos.
En el caso del Banco de España, Competencia subraya que, entre el 21 y el 25 de octubre de 2021, las cuatro agencias “acordaron no presentarse a la licitación para que quedara desierta y se volviera a convocar con mejores condiciones” (La CNMC avanza en la investigación sobre el supuesto cártel de agencias).
Posteriormente, alega que Nautalia, VECI y Ávoris Retail pactaron repartirse de manera rotatoria los encargos de viajes y alojamientos del personal de la Complutense. “Cuando la UCM emitía una solicitud de viaje y/o alojamiento, solo recibía una oferta en vez de tres, lo que disminuyó tanto las opciones de los usuarios como los incentivos de las agencias para competir”.
La CNMC señala que este tipo de conductas vulneran tanto la Ley de Defensa de la Competencia como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíben los acuerdos entre competidores destinados a falsear la competencia. Por ello, Nautalia ha sido sancionada con 850.000 euros; Ávoris con 740.000€; Viajes El Corte Inglés con 690.000€; e IAG7 con 630.000 euros.
Además de estas multas económicas, la resolución impone la prohibición de contratar con la administración pública en licitaciones relacionadas con servicios de agencias de viajes y desplazamientos profesionales. Esta exclusión será de tres meses para IAG7 y de seis meses para Nautalia, VECI y Ávoris Retail. Contra la decisión cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde su notificación.
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