La reforma de la tasa turística que impulsa el govern catalán permitirá que una parte de los ingresos obtenidos por las pernoctaciones se destine a políticas de vivienda y promoción económica. Esto supone un giro relevante respecto al uso original del impuesto, lo que ha generado malestar en el sector turístico (Cataluña duplicará el importe de la tasa turística).
Según El Economista, el cambio establece que los ayuntamientos podrán destinar estos ingresos a políticas de vivienda, fomento de la industria, promoción económica y mejora de la competitividad, además de a las actuaciones estrictamente turísticas. Este mayor margen de maniobra afecta al 50% de la recaudación, porcentaje que corresponde a los municipios, y es el principal foco de preocupación para el empresariado del sector.
Así, según las previsiones del ejecutivo autonómico, la subida de la tasa elevará la recaudación anual hasta los 184,41 millones de euros, el doble que en 2024. De esta cantidad, el 25% se asignará a políticas públicas de vivienda, mientras que el resto se repartirá entre la Generalitat, el ayuntamiento de Barcelona y el conjunto de municipios. La tramitación por la vía de urgencia del proyecto pactado por PSC y Comuns busca que las nuevas tarifas, que en los hoteles de cinco estrellas alcanzarán los 10 euros por noche, entren en vigor el próximo verano.
En este sentido, Foment del Treball ha advertido que “los ingresos derivados del impuesto turístico se deben integrar en el Fondo para el Fomento del Turismo, garantizando que estos recursos se destinen exclusivamente a políticas de mejora de la calidad de los servicios, las infraestructuras, los productos y la competitividad turística”. Una crítica similar fue trasladada semanas atrás al Parlament por la directora general de Apartur, Marian Muro.
Desde su entrada en vigor en 2012, la tasa turística ha alimentado el Fondo para el Fomento del Turismo, concebido para financiar actuaciones vinculadas a la promoción, la preservación y el desarrollo de infraestructuras y actividades turísticas. La reforma mantiene estos objetivos, pero introduce una ampliación de los usos del fondo cuando los recursos son gestionados por las administraciones locales.
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