La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha llevado a los tribunales al Ayuntamiento de la Ciudad Condal por “fomentar la prohibición de la actividad turística” entre las comunidades de vecinos. Concretamente, la entidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra un convenio municipal que prevé conceder subvenciones a aquellas comunidades de propietarios que modifiquen sus estatutos para limitar el uso turístico u otras actividades económicas.
Vista aérea de manzanas residenciales en el centro de Barcelona. Fuente: Adobe Stock
Según explica Apartur, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó, con fecha 8 de mayo de 2025, un convenio de colaboración entre el consistorio, el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona.
Sin embargo, Apartur no pudo tener conocimiento “real y completo” del contenido del acuerdo y del convenio hasta el 7 de noviembre de 2025, cuando pudo acceder al expediente administrativo tras solicitarlo al Ayuntamiento.
Hasta ese momento, la información pública del acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona apuntaba a un convenio “para informar y orientar a las comunidades de propietarios sobre los procedimientos y las ventajas de dotarse de normas de regulación y convivencia para regular la instalación de actividades económicas”.
Sin embargo, añade Apartur, “el título y contenido real del convenio firmado finalmente revelan un propósito distinto y de mayor alcance: “la orientación y soporte a las comunidades de propietarios para incluir en sus estatutos la prohibición de la instalación de actividades económicas, incluida la turística”.
Así pues, Apartur considera que “este enfoque supone una actuación política y jurídica que excede el marco de competencias municipales, vulnera principios de seguridad jurídica y afecta a actividades económicas legalmente autorizadas, como los apartamentos turísticos”.
La asociación recuerda que los apartamentos turísticos están regulados en Barcelona desde 2012 y que su número “se mantiene estable desde hace más de una década, con alrededor de 10.000 licencias legales que representan solo el 1% del parque de vivienda de la ciudad”.
Con la interposición del recurso, Apartur solicita al Juzgado que admita la demanda y que declare la nulidad del acuerdo y del convenio, “por exceder el propósito anunciado y por promover una actuación que afecta de forma sustancial a derechos adquiridos y actividades económicas regladas”.
Subvenciones polémicas: administradores de fincas y profesionales jurídicos “solo reciben la subvención si la comunidad de vecinos adopta acuerdos restrictivos” contra los apartamentos turísticos
Además, “el acuerdo prevé la concesión de subvenciones por labores de difusión a las asociaciones firmantes del acuerdo sin procedimiento de concurrencia competitiva ni acreditación suficiente de las razones de interés público que exige la Ley General de Subvenciones para este tipo de ayudas excepcionales”, señala Apartur.
También se contemplan subvenciones a los profesionales y comunidades de vecinos que redacten nuevos estatutos o modifiquen los ya existentes para limitar el uso turístico u otras actividades que “pueden tener consecuencias negativas en la convivencia de las fincas”, según el Ayuntamiento, hasta un presupuesto máximo de 100.000 euros.
En resumidas cuentas, según denuncia Apartur, “el convenio incentiva que administradores de fincas y profesionales jurídicos asesoren a las comunidades en un único sentido, dado que solo reciben la subvención si la comunidad adopta acuerdos restrictivos”.
¿Qué dice la normativa actual?
Según explica Apartur, Cataluña estableció hace más de 10 años que una comunidad de propietarios podía limitar actividades turísticas en sus estatutos, siempre que dichos estatutos estuvieran debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad. “Por tanto, la posibilidad de que una comunidad de vecinos impida el uso turístico en su edificio no es ninguna novedad”.
La asociación señala que el nuevo convenio “no tendrá efecto alguno sobre la apertura o funcionamiento de nuevos apartamentos turísticos, ni sobre los ya existentes, dado que las modificaciones estatutarias no tienen carácter retroactivo, tal y como recoge la normativa catalana y la doctrina jurisprudencial”.
En opinión de la directora general de Apartur, Marian Muro, “destinar un presupuesto de 100.000 euros de dinero público a promover una actuación sin efectos prácticos y sobre una materia regulada desde hace más de una década refleja una gestión irresponsable de los recursos públicos, que podrían destinarse a reforzar políticas con verdadero impacto social, como la ampliación del parque de vivienda asequible o el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad”.
Apartur subraya también que “las VUT legales no son una fuente de conflictividad. Los datos de la Guardia Urbana equivalen a una queja vecinal cada 10 años por apartamento turístico legal, y además el sector ha impulsado mecanismos permanentes en favor de la convivencia”.
Entre las principales iniciativas figuran el Servicio Municipal de Convivencia y Turismo así como el proyecto WeRespect, “con más de 4.300 viviendas equipadas con sistemas de control de ruido y respuesta inmediata si se producen incidencias”.
El Ayuntamiento quiere suprimir todas las viviendas turísticas de Barcelona
Ese no es el único frente judicial abierto entre los apartamentos turísticos y el Ayuntamiento de Barcelona.
El ayuntamiento prevé la no renovación de las 10.000 licencias viviendas turísticas en la ciudad, amparándose en el Decreto Ley 3/2023 de la Generalitat que ha recibido el aval del Tribunal Constitucional. En la práctica, esto supondría la desaparición de este tipo de alojamiento reglado que actualmente ofrece cerca de 45.600 plazas en Barcelona.
Ante las pretensiones del Ayuntamiento de eliminar los pisos turísticos, Apartur está promoviendo una serie de acciones legales dirigidas al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
