La Comunidad Valenciana y Canarias concentran la mayor parte de los alojamientos turísticos ilegales detectados por Consumo en Airbnb. Entre ambas regiones suman 34.293 anuncios sin número de registro, dentro de un total de 65.122 viviendas irregulares identificadas por el Ministerio, que ha impuesto a la plataforma una sanción de 64 millones de euros (Consumo multa a Airbnb con 64 millones por anunciar viviendas turísticas ilegales).
La infracción más común es la ausencia del mencionado número de registro, que afecta a 59.229 anuncios. La Comunidad Valenciana lidera el recuento con 21.807 pisos, seguida de Canarias con 12.486. A continuación, se sitúan Galicia (6.897), Baleares (4.289), Murcia (2.685), Cantabria (2.486) y Asturias (2.136), según los datos de Consumo (Golpe a Airbnb: obligada a retirar 65.000 pisos turísticos ilegales).
En este sentido, el departamento que comanda Pablo Bustinduy señala que este tipo de irregularidad se ha detectado en casi todo el país, con la excepción de Madrid, Andalucía y Extremadura. En estas zonas, la normativa autonómica vigente en el momento de los hechos no obligaba a incluir el número de registro en los anuncios, lo que ha limitado la retirada de viviendas y ha centrado las actuaciones en otros incumplimientos.
Entre ellos destaca el uso de números de registro falsos, presente en 5.769 anuncios. Andalucía concentra la mayoría de estos casos, con 3.352, seguida de Cataluña, donde se han localizado 1.455. Igualmente, Madrid registra 300 anuncios con numeración incorrecta, mientras que Canarias suma 242 y la Comunidad Valenciana, 131.
La investigación también ha identificado 124 anuncios correspondientes a anfitriones cuya identidad no pudo ser verificada. Además, en el caso de la ciudad de Madrid, el Ministerio localizó 15.200 pisos turísticos que incumplían la normativa municipal, aunque estos no pudieron ser retirados al tratarse de una competencia del ámbito local.
Todos los anuncios analizados son anteriores a la entrada en vigor de la “Ventana Única Digital”, que entro en vigor el pasado 1 de julio para establecer la obligatoriedad del número de registro en todo el territorio nacional.
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