El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 64.055.311 de euros a la plataforma de alquiler turístico Airbnb por publicar anuncios de alojamientos sin licencia. La resolución, firmada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es firme y pone fin a la vía administrativa tras resolverse el recurso de alzada presentado por la compañía. Las infracciones de la normativa de consumo detectadas afectan a un total de 65.122 anuncios.
La decisión incluye dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a retirar los contenidos considerados ilícitos y a hacer pública la sanción impuesta. Según el Ministerio, las irregularidades detectadas afectan a un total de 65.122 anuncios publicados en la plataforma.
La principal infracción corresponde a “prácticas comerciales desleales” hacia consumidores y usuarios, tipificadas como graves. Entre los incumplimientos señalados figura la publicación de alojamientos turísticos sin número de licencia, “contraviniendo así las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad”.
A su vez, publicar anuncios con números de registro que no se corresponden con los formatos oficiales o por publicar anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, “incurriendo así en una práctica de publicidad engañosa”.
Las infracciones detectadas afectan a más de 65.000 anuncios. Fuente: Adobe Stock.
Por estos hechos, Consumo ha impuesto una sanción de 64.055.311 euros, equivalente a “seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb” durante el periodo en el que los anuncios permanecieron activos tras el apercibimiento del Ministerio y hasta su retirada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado previamente la orden de retirada de estos anuncios en distintos autos
La resolución incluye otras tres sanciones adicionales. Dos de ellas, consideradas infracciones leves, castigan la omisión de información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión en los contratos celebrados a distancia y la falta de colaboración con los requerimientos de información realizados por el Ministerio durante la instrucción del expediente, ambas con multas de 10.000 euros.
La cuarta sanción, calificada como grave, responde al “incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o lesiones para los consumidores y usuarios durante la tramitación del expediente”, y asciende a 55.000 euros.
En paralelo, el Ministerio mantiene abiertos otros expedientes sancionadores en el ámbito de la vivienda contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler. Estas actuaciones se inscriben en la estrategia del departamento para abordar la crisis de acceso a la vivienda en España, que el propio ministro ha señalado como uno de los principales problemas del país.
