
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 64 millones de euros a Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia (Golpe a Airbnb: obligada a retirar 65.000 pisos turísticos ilegales).
La resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el Ministro de Consumo. Implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.
Las principales infracciones de la normativa de Consumo, identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb, son las siguientes: prácticas comerciales desleales al publicar anuncios sin licencia o indicando un número de licencia que no se corresponde con la numeración utilizada; omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión; obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección; e incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas.
El importe de la multa es equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por parte del Ministerio hasta su retirada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada.
“Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha manifestado el ministro Pablo Bustinduy, al tiempo que también ha señalado que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.
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