La implantación del sistema de facturación electrónica Verifactu y su impacto en las agencias de viajes ha llegado al Senado a través de una batería de preguntas presentada por el portavoz de Turismo del Grupo Popular, Agustín Almodóbar. El objetivo es que el Gobierno detalle cómo planea reducir los costes y dificultades que esta nueva obligación genera en el sector (“Es intolerable que desde el propio Gobierno se ataque al turismo”).
Para poner en contexto, las agencias enfrentan importantes retos tecnológicos y administrativos. Tendrán que adquirir nuevos programas informáticos compatibles con Verifactu, adaptar sus sistemas contables y formar a su personal, con costes que pueden resultar elevados incluso inasumibles especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Entre las cuestiones planteadas, Almodóbar pregunta si se ha estimado el coste medio que deberán asumir las agencias para adaptarse al sistema. También critica la falta de adaptación del software gratuito de Hacienda, que no cubre el REAV ni la facturación en nombre y por cuenta de terceros, y que podría generar sobrecostes innecesarios.
El senador insiste en la necesidad de establecer fases transitorias más amplias y ayudas económicas para facilitar la adaptación, como subvenciones, deducciones o líneas de financiación. También solicita que la formación sobre el nuevo sistema sea gratuita o de bajo coste, especialmente para las agencias pequeñas y medianas.
Otro punto destacado en las preguntas es la competencia desigual que se puede generar entre pequeñas agencias y grandes cadenas o plataformas digitales, que ya cuentan con infraestructura tecnológica propia. A este respecto, pide al Gobierno que explique si se han previsto medidas para equilibrar esta diferencia y evitar que la implantación de Verifactu afecte de manera desproporcionada a las empresas más pequeñas.
Por último, Almodóbar reclama garantías sobre la operatividad y la interoperabilidad del sistema desde el primer día y solicita que se realice una evaluación posterior que mida su impacto real sobre la carga administrativa, los tiempos de gestión y la viabilidad económica de las agencias. Las fechas previstas para la obligatoriedad de Verifactu son el 1 de enero de 2026 para sociedades y el 1 de julio de 2026 para autónomos.
