La Organización Mundial del Turismo (OMT) tuvo un papel relevante en la promoción de las pruebas diagnósticas Covid en aeropuertos, una medida que coincidió con los intereses de Eurofins Megalab, empresa que consiguió contratos con el Servicio Canario de Salud y que está bajo investigación en el marco del caso Koldo. Según los informes de la UCO, la trama utilizó el respaldo del organismo como un argumento de peso para defender la adjudicación de los test (Luz verde para sustituir el PCR por test rápidos de antígenos).
Tal y como apunta Vozpópuli, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, cercano a Víctor de Aldama, se mostró públicamente a favor de que los test rápidos se incorporaran de forma generalizada en puertos y aeropuertos para reactivar el turismo. El 20 de agosto de 2020, en plena negociación del contrato con el Gobierno de Canarias, miembros del caso compartieron una noticia en la que la OMT reclamaba “realizar test en todos los aeropuertos” y criticaba “la unilateralidad de los gobiernos” en las restricciones de viaje.
Los mensajes intervenidos por la Guardia Civil muestran que el representante de Megalab, Ignacio Díaz Tapia, celebró la publicación de esa información y recibió el respaldo de Aldama, quien escribió “estoy en ello ahora mismo”. En los mismos días, la red movía contactos con responsables de Aena y del Gobierno canario para concretar la propuesta. La UCO señala que estas gestiones formaban parte de una estrategia coordinada para que Megalab se hiciera con el control de las pruebas en aeropuertos.
Así, durante el verano de 2020, Aldama y Díaz Tapia intensificaron las gestiones para que Megalab obtuviera contratos en Canarias. Según los informes, contactaron con el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, y con responsables del Ministerio de Transportes, además de mantener conversaciones con directivos de Air Europa y Aena. En diciembre, la empresa logró finalmente la adjudicación del contrato, valorado en 5,3 millones de euros.
La UCO concluye que Megalab comenzó a realizar las pruebas antes de que el contrato estuviera firmado. La orden sobre el cribado de pasajeros se publicó el 15 de diciembre de 2020 y la adjudicación se formalizó tres días después. Los agentes destacan que la empresa llegó a manejar datos personales de viajeros sin respaldo administrativo, una de las irregularidades que ahora investiga la justicia.
