Este lunes 3 de noviembre, la cadena Beatriz Hoteles, con sede en Lanzarote y propiedad de la empresa familiar Inparsa, anunció que ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial tras dicha resolución judicial, la cual implica que la propiedad de los hoteles pasa a manos del fondo Blantyre Capital, que había adquirido parte de la deuda.
Esa resolución judicial homologa el plan de reestructuración presentado por Meru I S.A.R.L., fondo gestionado por Blantyre Capital Limited.
A través de la sociedad Inversiones y Parcelaciones Urbanas, S.A. (Inparsa), Beatriz Hoteles gestiona los hoteles Beatriz Costa y Spa y Beatriz Plaza & Spa de Lanzarote. Su accionista mayoritario antes de la reestructuración era el fondo de inversión Guidebridge.
Nuevo plan de reestructuración
Según sostiene Blantyre Capital, “el caso que nos ocupa es un ejemplo claro de los beneficios que la nueva ley concursal tiene para compañías sobre endeudadas y con problemas de liquidez, asegurando su viabilidad y evitando el “secuestro” por parte de accionistas que tienen un claro conflicto de interés”.
El plan de restructuración aprobado por el juzgado “da viabilidad a Inparsa mediante una capitalización de deuda y una extensión de vencimientos”, añade dicho fondo.
Según explica Blantyre Capital, “la sentencia analiza y confirma el correcto vencimiento de la práctica totalidad de la deuda financiera (impagada a los acreedores financieros desde hace casi dos años por la compañía) y constata la situación de insolvencia de Inparsa. Asimismo, la sentencia analiza y valida la valoración emitida por el experto independiente en la reestructuración (Lexaudit) para la capitalización parcial de los créditos, que no fue discutida por los socios de la compañía en el procedimiento contradictorio, pese que se les diese la oportunidad de hacerlo”.
“El plan de reestructuración de Meru es la única alternativa para lograr garantizar la viabilidad de la compañía y la continuidad del empleo en los hoteles, al reducir la deuda a niveles sostenibles y extender el plazo para su amortización”, sostiene Blantyre Capital.
Reestructuraciones previas
“Inparsa ha atravesado múltiples reestructuraciones en los últimos años (2012, 2015, 2020). La compañía arrastraba un volumen de deuda financiera históricamente elevado, desalineado con su capacidad de generación de caja”, añade el fondo.
Blantyre Capital recuerda que en 2023, el fondo de inversión Guidebridge adquirió una mayoría del capital social de la compañía que le daba control. “Desde entonces, la compañía dejó de ser una empresa familiar y pasó a estar controlada por un consejo de administración nombrado por el fondo de inversión accionista cuyo principal fin es maximizar el retorno de sus inversores”, indica la firma.
“Se produjo, por tanto, un cambio de control promovido voluntariamente por sus accionistas; pero que no fue consentido por la mayoría de sus acreedores, tal y como se ha constatado en la sentencia. Como es habitual en este tipo de situaciones, el cambio de control activó automáticamente la obligación contractual de amortización inmediata de la financiación”.
“En el contexto de cualquier proceso de compra de empresas, el comprador suele levantar un paquete de financiación con carácter previo/simultaneo a la compra para refinanciar la deuda. Sin embargo, Guidebridge optó por no refinanciar la deuda de Inparsa y con ello incumplir su obligación de pago. Como consecuencia, aproximadamente el 90% de los acreedores financieros de Inparsa acordó el vencimiento de gran parte de la deuda financiera en noviembre de 2023”, indica Blantyre Capital.
Hotel Beatriz, en Lanzarote. Fuente: Beatriz Hoteles.
Apoyo de los tenedores de deuda al plan de Meru
Según explica Blantyre Capital, “Meru, como entidad acreedora con una posición mayoritaria sobre la deuda financiera de Inparsa, promovió un plan de reestructuración al que se adhirieron otros acreedores con el objetivo de preservar el valor de la compañía frente a extremos más destructivos de valor y de empleo –entre ellos, la ejecución hipotecaria o el concurso de acreedores, entre otros. El procedimiento de reestructuración fue iniciado ante la ausencia por aproximadamente tres meses de una propuesta de repago o solución de reestructuración por parte de Inparsa y sus accionistas”.
El plan de reestructuración promovido por Meru “preveía la capitalización parcial de deuda y una inyección de capital de hasta 10 millones de euros y contó con el apoyo de aproximadamente el 90 % de los tenedores de la deuda financiera de Inparsa”, añade Blantyre Capital.
Sin embargo, “desde el inicio del procedimiento y durante la tramitación del plan de reestructuración, los socios de la compañía discreparon sobre la interpretación del vencimiento derivado del cambio de control. Además, los socios y administradores de la compañía adoptaron una postura obstruccionista evitando colaborar con el experto en la reestructuración nombrado en el desempeño de sus funciones”.
“El citado plan de Inparsa, además, no preveía la liquidación íntegra de la deuda, sino que implicaba quitas implícitas sobre una parte sustancial de la deuda financiera mediante esperas de ocho años”, indica Blantyre.
Además, “para la presentación del plan de Inparsa, aun a sabiendas que los juzgados no aceptan planes alternativos, Inparsa acudió a medios de financiación gravosos, que han generado comisiones millonarias para la propia compañía, con el único propósito de construir una ficción de cara al juez. La propia financiación estaba condicionada a que el juez desestimase el plan de Meru, lo que hacia la financiación de imposible disposición y desviaba fondos de la empresa en beneficio exclusivo de los accionistas. Estas actuaciones están siendo revisadas por Meru para exigir las responsabilidades oportunas”, dice Blantyre.
“Durante todo el proceso de homologación Inparsa nunca planteó un repago total de la deuda financiera a sus acreedores. Únicamente se limitó a ofrecer un pago parcial de la deuda garantizada con las hipotecas sobre sus hoteles y con unos cálculos que no tenían en consideración el vencimiento acaecido”, añade el fondo inversor.
“Además de la ficción creada, la mala fe de los socios queda patente, entre otras cosas, al no facilitar la información al experto en la reestructuración y en el retraso en la presentación de sus cuentas anuales a una fecha posterior a la aprobación del plan”, afirma Blantyre.
Tras la tramitación del procedimiento, el Juzgado dictó sentencia firme en Septiembre de 2025 homologando el plan promovido por Meru.
“Esta sentencia refuerza la seguridad de los acreedores en escenarios de insolvencia donde todos los grupos de interés de una compañía –incluidos sus acreedores– pueden dar viabilidad una compañía insolvente”, afirma Blantyre.
En opinión de este fondo, “la reforma concursal que entró en vigor en 2022 permitió superar situaciones como esta, en la que los accionistas tratan de bloquear soluciones de viabilidad para compañías incluso cuando están en insolvencia actual. Por ello, la nueva ley facilita que los accionistas puedan anticiparse con un plan cuando haya probabilidad de insolvencia y solo ante la inactividad de los mismos sean los acreedores los que promuevan planes de reestructuración cuando la empresa ya se encuentran en situación de insolvencia actual o inminente y así garantizar la continuidad de las compañías, frente a otras soluciones que destruyen valor como puede ser un concurso de acreedores o la ejecución de garantías reales afectas al negocio”.
En el caso de Inparsa, “el juez confirma que la empresa lleva 2 años en situación de insolvencia. La ley promueve que la empresa se normalice a la mayor brevedad y no se vea en peligro las relaciones laborales”.
A pesar de todo, Blantyre denuncia que “pese a la firmeza de la sentencia y su carácter constitutivo, el fondo de inversión Guidebridge sigue tratando de bloquear la implementación del plan de reestructuración por todos los medios, lo cual pone en peligro la propia viabilidad del negocio de la compañía y de sus empleados”.
Blantyre Capital, gestor de inversiones con sede en Londres, explica que con los 2 hoteles de Inparsa, gestionará más de 20 hoteles y 3.000 habitaciones entre España, Italia, Reino Unido y Alemania,
