Malestar entre las agencias por el nuevo procedimiento administrativo que el Ministerio de Hacienda pretende aplicar en el concurso público para la contratación del megacontrato para gestionar los viajes del Estado, por considerar que no refleja la realidad del mercado y podría afectar la viabilidad económica de los contratos (El concurso del megacontrato para gestionar los viajes del Estado, bajo sospecha).
La polémica gira en torno a la exigencia de mantener precios invariables durante toda la vigencia del acuerdo marco y sus posibles prórrogas, un requisito que, según los intermediarios, es difícil de cumplir en sectores liberalizados como transporte aéreo, ferroviario, alquiler de vehículos y alojamiento hotelero.
CEAV ha expresado su respaldo a Gebta España, que ha anunciado la impugnación del concurso público. La organización sostiene que los pliegos deben respetar los principios de “proporcionalidad, libre concurrencia y libertad de empresa”, y subraya que las agencias son “aliadas estratégicas en la eficiencia y sostenibilidad de la movilidad profesional”, con un impacto económico relevante para las empresas y el país.
De igual manera, UNAV apoya la acción, destacando que el procedimiento administrativo vigente es “técnicamente inviable” y que la Administración debería escuchar a los profesionales del sector para evitar decisiones que generen incertidumbre.
“Urge que la Administración varíe su criterio excluyente respecto a las normas trasversales que afectan a la industria del turismo y los viajes y se abra a escuchar a los profesionales y expertos a la hora de elaborar normas y desarrollos legales. Porque de otro modo se sucederán los desatinos uno tras otro”, ha destacado su presidente, José Luis Méndez.
Para Gebta, la exigencia de precios fijos ignora las constantes variaciones de los mercados, derivadas de factores externos que las agencias no pueden controlar. El recurso, presentado ante el Tribunal Administrativo Central del Estado, solicita la nulidad de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, alegando que incumplen la Ley de Contratos del Sector Público y vulneran los principios de proporcionalidad, libre concurrencia, igualdad de trato y motivación suficiente en la preparación del expediente.
