Trece Comunidades Autónomas han firmado una Declaración Institucional, en el marco del TIS (Tourism Innovation Summit), celebrado en Sevilla, en la que manifiestan su profunda preocupación ante la política sectorial desarrollada por el Gobierno de España y proponen un nuevo marco de colaboración y gestión para reforzar el liderazgo turístico español.
Las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla, y la Región de Murcia; suscriben la Declaración de Sevilla en la que reivindican el valor del turismo como gran industria nacional, que defiende su papel en la economía y que marca el camino hacia un modelo basado en la sostenibilidad, la calidad y la competitividad.
Las comunidades firmantes gestionan los principales destinos turísticos de España, concentran alrededor del 70% del total del turismo nacional, acogen al 75% de los turistas internacionales y al 70% de los turistas nacionales y representan el 74% de los viajeros y el 73% de las pernoctaciones hoteleras del país, así como el 80% de las llegadas de vuelos y el 78% del tráfico aéreo nacional.
Las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla, y la Región de Murcia, en el TIS de Sevilla. Fuente. TIS.
A continuación, la Declaración de Sevilla al completo:
Declaración de Sevilla
Por un Liderazgo Turístico Basado en la Gobernanza y la Cohesión Territorial
Las Comunidades Autónomas firmantes, con competencias exclusivas en materia de ordenación turística y ordenación del territorio, y responsables de la gestión de los principales destinos turísticos de España, manifiestan su profunda preocupación ante la política sectorial desarrollada por el Gobierno de España y proponen un nuevo marco de colaboración y gestión para reforzar el liderazgo turístico español.
Primero. Ruptura del Diálogo y Ausencia de Liderazgo. Denunciamos la quiebra de la lealtad institucional por parte del Gobierno Central, evidenciada por la ausencia de convocatoria de la Conferencia Sectorial de Turismo desde diciembre de 2023. Esta omisión, sumada a la inacción y falta de voz del Ministerio de Industria y Turismo en decisiones clave que afectan directamente a los destinos turísticos, nos obliga a coordinar y elevar nuestras propuestas fuera de los cauces oficialmente establecidos.
Segundo. Defensa del Turismo como Motor de España. Rechazamos de plano el discurso simplista y culpabilizador del Gobierno para atacar y desprestigiar al turismo responsabilizándolo de problemas cuyo origen está en la incapacidad del Gobierno de España para ejercer la acción de gobierno y su incapacidad de gestión. 1 El sector turístico es el principal motor económico y generador de empleo, y no la causa de los problemas del país, sino parte de la solución, para la vertebración social y económica del país.
Tercero. Separar Vivienda y Turismo. Afirmamos que la crisis de acceso a la vivienda es un problema estructural ajeno al turismo y provocado por el fracaso de la Ley Estatal de Vivienda y distintos factores que requieren acciones decididas sobre la base de un diagnóstico correcto del problema y no en la búsqueda continua de culpables. Las Viviendas de Uso Turístico (VUT), cuando están bien reguladas por la autoridad autonómica competente, son una figura de alojamiento que contribuye a la revitalización de los centros urbanos y complementa nuestra oferta, no la causa de la desigualdad ni de los problemas de acceso a la vivienda que afectan a todo el país.
Cuarto. Gestión del Crecimiento frente a la Masificación. El reto de nuestros territorios no es la “masificación”, sino la necesidad de gestionar el crecimiento demográfico y económico de los destinos turísticos como grandes polos de generación de empleo. Este fenómeno es una consecuencia directa de la ineficacia del Gobierno Central para frenar la migración interna desde la España vaciada. La solución pasa por la gobernanza, la planificación y la inversión, no por la criminalización de la actividad.
Quinto. Respeto Competencial y Seguridad Jurídica. Exigimos el respeto absoluto a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en ordenación turística y territorial. Reclamamos la revisión inmediata del Real Decreto 1312/2024 sobre el Registro Único, que duplica funciones, invade competencias e introduce cargas burocráticas y económicas indebidas para la oferta legal, llegando a provocar la revocación de títulos válidos. Es urgente definir el alquiler de temporada que sí es competencia exclusiva del Estado y que se haga bajo criterios temporales coherentes con la normativa turística autonómica.
Sexto. Conectividad como Cohesión Territorial. Rechazamos la visión mercantilista del Gobierno en la gestión de los aeropuertos regionales, proponiendo que esta gestión se realice conjuntamente con las Comunidades Autónomas para la defensa de los intereses reales de los territorios y de acuerdo a los objetivos comunes de desestacionalización y desconcentración de la demanda. Esta visión limitada del Gobierno castiga la competitividad e impacta negativamente en la conectividad, la cual proponemos que debe realizarse de forma que se facilite la integración de los aeropuertos con la red ferroviaria.
Séptimo. Liderazgo Coherencia. Nos comprometemos a facilitar el diálogo y colaboración en la gestión del crecimiento y la gobernanza multinivel, para la correcta definición de políticas coherentes, que refuercen y consoliden el liderazgo turístico de España y el desarrollo sostenible de los destinos turísticos. Por ello, exigimos del Gobierno de España el restablecimiento de los foros de cooperación y debate, que abandone la política de anuncios vacíos y de alentar los movimientos sociales antiturismo a través de las acusaciones permanentes de que el principal motor económico del país sea el responsable de la falta de acción de gobierno.
Firmantes
Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla, y Región de Murcia.
