La Comisión Europea prepara su primer plan para abordar la crisis de la vivienda, con una medida central: regular los alquileres turísticos en toda la UE. La intención es frenar el efecto de plataformas como Airbnb, que presionan los mercados locales y desplazan a residentes en los centros urbanos (Bruselas prepara una directiva para aplicar el IVA a los pisos turísticos).
La propuesta legislativa, que se presentará en diciembre, busca armonizar las normativas nacionales y establecer un marco común para la regulación de los alquileres turísticos en toda la UE. Entre las medidas previstas se incluyen la creación de un sistema de registro obligatorio para todas las propiedades destinadas al alquiler de corta duración, similar al modelo implementado en España desde julio de 2025. Este registro centralizará la información y facilitará la supervisión y control por parte de las autoridades competentes.
Además, se contempla la obligación para las plataformas de alquiler de compartir datos con las autoridades locales, permitiendo un seguimiento más efectivo de las actividades de alquiler y asegurando el cumplimiento de las normativas establecidas (La Unión Europea regulará el alquiler turístico).
El debate sobre la intervención de la UE se llevará a cabo este jueves en el Consejo Europeo, impulsado por el presidente António Costa. Aunque la vivienda sigue siendo competencia de los Estados miembros, la presión social y los altos precios han motivado que la Comisión participe de manera complementaria.
Según El País, algunas capitales, como París y Berlín, han expresado dudas sobre la capacidad de Bruselas para legislar en un asunto que consideran nacional. Aun así, el Ejecutivo comunitario insiste en que puede “proporcionar herramientas a las autoridades nacionales y locales para que puedan trabajar mejor”.
Además de los alquileres turísticos, el plan europeo prevé ampliar el uso de ayudas públicas y lanzar programas especiales con el Banco Europeo de Inversión. La UE busca así reforzar la construcción de vivienda asequible y pública, mientras prepara medidas que formarán parte de la agenda del Ejecutivo comunitario en 2026.
