El Gobierno prevé transferir 719 millones de euros a las aerolíneas y navieras que operan rutas con destino o salida desde Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, en concepto de las bonificaciones pendientes por el descuento de residente en estos territorios (Descuento de residentes: se agrava la guerra entre aerolíneas y Gobierno).
Según informa La Vanguardia, apenas 350 millones irán para las compañías aéreas para saldar parte de los retrasos de este año, mientras que las navieras recibirán 50. Los 319 millones restantes irán vinculados a la reciente ley de navegación aérea. La idea es que se repartan en las próximas semanas (El Congreso pierde una oportunidad para salvar el descuento de residentes).
De esta manera, el Ejecutivo considera que aliviará la situación financiera de las compañías, pero nada más lejos de la realidad, seguirá existiendo una brecha significativa respecto a los importes pendientes. Según los datos que maneja la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) cifró en 1.200 millones de euros los impagos totales al sector, de los cuales unos 700 corresponderían a subvenciones del ejercicio 2025 aún no abonadas y 500 millones a las de 2024.
“Exigimos al Gobierno que dé una solución cuanto antes a este problema que se está agravando”, señaló el presidente de la patronal, Javier Gándara, hace algunos días, advirtiendo que los retrasos “están afectando la liquidez de las aerolíneas” y pueden poner en riesgo la conectividad de las islas y del resto de territorios afectados.
Desde los gobiernos insulares y autonómicos se han sumado voces pidiendo una solución urgente. El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha reclamado al Ejecutivo central el desbloqueo completo de los fondos para garantizar la continuidad de las conexiones aéreas.
Como viene publicando Preferente, las aerolíneas llevan muchos meses asumiendo ese descuento al momento de la venta, y reclamándolo después el importe al Ministerio de Transportes. Sin embargo, la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado ha paralizado la actualización de esta partida, lo que ha obligado a Hacienda a recurrir a una modificación de crédito para liberar los fondos.
