El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE contra el “Plan Reside”, la iniciativa del Ayuntamiento para regular los pisos turísticos y aumentar la oferta de vivienda en el centro de la capital. Los socialistas sostienen que el plan “vulnera los derechos vecinales” y actúa como una “alfombra roja” para transformar edificios enteros en alojamientos turísticos (El plan de Madrid contra los pisos turísticos, un alivio para los hoteleros).
Según el auto de admisión recogido por Servimedia, el recurso se dirige contra la resolución de la Comunidad de Madrid que aprobó definitivamente el plan, ya que corresponde al Gobierno regional dar el visto bueno final a este tipo de medidas urbanísticas. La decisión del tribunal no entra aún en el fondo del asunto, pero solicita a la Administración la remisión del expediente administrativo para continuar con la tramitación del caso (El plan de Madrid para combatir los pisos turísticos, al detalle).
El PSOE argumenta en su recurso que el “Plan Reside” contiene “defectos de fondo y forma” y que su aplicación podría “favorecer el negocio de grandes fondos inversores” al permitir la conversión de edificios residenciales en turísticos, con el consiguiente riesgo de expulsar a los actuales vecinos. Además, apunta que, en los próximos meses, detallarán ante el TSJM los motivos por los que consideran que el plan es “posiblemente irregular con la legislación vigente”.
El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento, Antonio Giraldo, ha afirmado que la admisión a trámite “abre la vía para esclarecer las irregularidades y efectos nocivos” que el plan podría generar sobre el acceso a la vivienda y la convivencia en los barrios. A su juicio, el proyecto “no garantiza vivienda asequible ni seguridad jurídica para los residentes” y que “hasta el 73% de los inmuebles del centro podrían convertirse en pisos turísticos”.
Como viene publicando Preferente, el “Plan Reside” prohíbe los pisos turísticos en edificios residenciales, incluso en planta baja, y permite su implantación únicamente en inmuebles de uso no residencial. También introduce la posibilidad de transformar hasta 215 edificios de uso dotacional privado en viviendas destinadas al alquiler asequible. En el caso de edificios catalogados y obsoletos, se autoriza su rehabilitación con uso turístico durante 15 años, tras los cuales deberán volver a ser residenciales.
El alcalde Martínez-Almeida defendió que el plan “permite dar un uso rentable a edificios en mal estado a cambio de su rehabilitación”, asegurando que la medida busca equilibrar la oferta turística con la necesidad de vivienda. Mientras tanto, los socialistas esperan que la vía judicial “aclare los impactos y beneficiarios reales” del proyecto y que, en última instancia, el TSJM determine su legalidad.
