El pleno del Congreso ha dado luz verde este martes a la tramitación de una ley impulsada por EH Bildu que establece la prohibición para que grandes plataformas digitales, como Airbnb, Booking.com, Expedia o Vrbo, ofrezcan o formalicen reservas de alojamientos turísticos ilegales. La norma contempla sanciones económicas de hasta un millón de euros para aquellas compañías que incumplan esta obligación.
La iniciativa salió adelante en el pleno con 176 votos favorables —procedentes de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria— frente a los 169 votos en contra emitidos por el PP y Vox.
El proyecto atribuye a las plataformas y a las empresas del sector la responsabilidad jurídica de impedir la proliferación de viviendas turísticas no autorizadas, trasladando sobre ellas el deber de control y supervisión en este ámbito
“Pretendemos que ese espacio de impunidad en que se han convertido las grandes plataformas desaparezca”, ha proclamado el diputado de Bildu Oskar Matute, tras explicar que, aunque el Gobierno ha conseguido que estas plataformas retiren miles de anuncios, pueden volver a ponerlos, resaltando que con este proyecto “no sería necesario pedir la retirada de los anuncios porque no los podrán publicar”.
La iniciativa de Bildu establece sanciones de 500.001 y 1.000.000 euros para infracciones muy graves, de 50.001 a 500.000 euros para las graves y de 10.000 a 50.000 para las leves
El proyecto propone sanciones de entre 10.000 y un millón de euros. Fuente: Adobe Stock.
Como infracciones muy graves contempla “permitir la contratación” de una vivienda de uso turístico que carezca de licencia o número de registro y de permiso de habitabilidad y salubridad, entre otras. Entre las infracciones graves recoge la de “permitir la publicación” de estas viviendas y entre las leves, la de permitir la publicación de un piso turístico sin haber recogido la descripción del alojamiento o su situación.
Durante el debate, el socialista Gabriel Blanco ha sostenido que existe un “gran consenso” social sobre la necesidad de acabar con los pisos turísticos ilegales y ha dicho que esta propuesta está “en sintonía” con algunas medidas ya implantadas por el Gobierno, como el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.
Más noticias
Algunos de los grupos que han apoyado la toma en consideración han manifestado su intención de mejorar el texto durante su tramitación parlamentaria, ya sea por motivos competenciales, como Junts, el PNV y Coalición Canaria, o por considerar que “debe servir para abrir la puerta a una regulación más ambiciosa“, como Sumar, que aboga por prohibir los pisos turísticos y los alquileres de temporada en las zonas tensionadas.
Su diputado Carlos Martín ha asegurado que el Ministerio de Consumo ha conseguido hasta el momento la retirada de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos ilegales de Airbnb y 4.000 de Booking y que ha identificado 15.200 pisos turísticos en Madrid que operaban sin licencia.
La representante del PNV, Idoia Sagastizabal, ha avanzado durante la tramitación que presentará enmiendas no solo relativas al ámbito competencial, sino también para corregir el, a su juicio, “desproporcionado régimen sancionador” que incluye el texto.
El PP ha votado en contra con el argumento de que Bildu tiene “la misma autoridad moral para hablar de vivienda que para hablar de derechos humanos”, mientras que Vox ha dicho que se trata de una “nueva ocurrencia de Bildu” y una “ley contra la libertad, la propiedad y los pisos”.
