La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) considera que el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès pudo haber incurrido en un conflicto de interés al aprobar, durante su mandato, un decreto que puede significar la derogación de miles de licencias de viviendas de uso turístico a partir de 2028, por lo que reclama su invalidación.
David Riba (presidente de Federatur) y Esther Torrent (presidenta de la Asociación Turística de Apartamentos de Costa Brava-Pirineu de Girona) Fuente: Federatur
En un comunicado, Federatur, que agrupa a la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), la Asociación Turística Apartamentos Costa Brava y Pirineo de Girona (ATA) y la Asociación de Apartamentos Turísticos Costa Daurada y Terres de l’Ebre (AAT), censura que Pere Aragonès promoviera esta normativa bajo su mandato.
Esta semana Aragonès ha dado a conocer que renunciaba al sueldo como expresident para hacerse cargo de la cadena hotelera de su familia, Golden Hotels.
Estas entidades, que representan a los propietarios de pisos turísticos legales, argumentan que ese decreto se aprobó “bajo su mandato” como presidente catalán y que ahora Aragonès regentará una cadena que supone “competencia directa” de los pisos turísticos.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Barcelona tendrá vía libre para no renovar las licencias de 10.000 pisos turísticos en noviembre de 2028, tras el respaldo del Tribunal Constitucional al decreto catalán que restringe esta oferta de alojamiento.
El decreto del Govern fue validado en diciembre de 2023 por el Parlament, con los votos de ERC, la CUP, los Comunes y el PSC.
Recogida de firmas
Por ello, Federatur ha iniciado una recogida de firmas entre propietarios para presentar un escrito en el Parlament con el objetivo de que “se reabra el debate político”, ya que consideran que el decreto se aprobó “en situación de posible conflicto de intereses familiares y personales discriminando y demonizando a un sector legal, controlado y contributivo”.
Estas asociaciones recuerdan que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se mostraron contrarias a ese decreto.
El sector de los apartamentos turísticos alega que ese decreto no estuvo “sometido al debate parlamentario y al consenso” y que Aragonès lo firmó “en los últimos días de su trayectoria al frente de la Generalitat”.
“La desaparición de esta oferta de alojamiento forzada por el ‘decreto Aragonès’, una oferta especialmente solicitada y utilizada en Cataluña por familias y también por viajeros de negocios en la ciudad de Barcelona, generará un déficit de plazas de alojamiento que será cubierta con oferta de grandes tenedores y cadenas hoteleras”, advierten.
Riesgo de generar una oferta ilegal
“Al eliminarse la competencia, los precios hoteleros se incrementarán y se generará una oferta ilegal de viviendas turísticas como ya ha pasado en Nueva York”, alertan estas asociaciones.
Asimismo, el presidente de Federatur, David Riba, insiste en que ese decreto “expulsa a los particulares del mercado, en favor de los grandes tenedores y de las cadenas hoteleras” y que convierte en “papel mojado” sus licencias, atentando así “de forma insólita contra los derechos de los propietarios que no sólo han invertido sus ahorros en estos negocios, sino que además han construido un sector legal”.
Federatur asegura que ese decreto, “denunciado frente a las instituciones europeas”, infringe “hasta seis apartados de la normativa comunitaria, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales y otras leyes europeas, y contraviene la libertad de prestación de servicios y la libertad de empresa”.
Además, el sector considera que “la actitud de Aragonès se está reproduciendo en la clase política, que actúa de manera consciente generando informaciones erróneas en torno a los pisos turísticos legales y mintiendo a la ciudadanía cuando se les acusa de ser los causantes de la falta de vivienda para tapar la falta de políticas públicas reales para crear una mayor y mejor oferta”.
En este punto, Federatur apunta que las viviendas turísticas reguladas en Barcelona solo representan el 1% del parque total de la ciudad y añade que “nada garantiza que vayan a pasar al mercado del alquiler de larga duración si se eliminan las licencias, ya que cada propietario, basándose en el derecho de propiedad, decidirá el uso que le dará a su inmueble”.
