El Gobierno acaba de reconocer por escrito que Begoña Gómez dirigió un proyecto financiado por Air Europa, rescatada por Sánchez, según la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), que depende del Ministerio de Oscar López, que pese a ello ha concluido, por segunda vez, que Pedro Sánchez no debió abstenerse de participar en la inyección de fondos públicos a la aerolínea (Ratifican que se debe investigar a Sánchez por rescatar Air Europa).
Hace una semana, la esposa del jefe del Ejecutivo, en su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez como su asesora en Moncloa, también había asegurado que su asistente la ayudó en gestiones personales, incluso aunque matizara que fuera de manera “puntual”.
Así, tanto Moncloa como la propia Begoña Gómez han admitido cometer notorias irregularidades, por mucho que el impacto mediático no sea proporcional a este reconocimiento. También Globalia declaró que se comprometió a abonarle 40.000 euros anuales a la esposa de Pedro Sánchez para vuelos y otros gastos relacionados con su actividad como directora del IE Africa Center.
Ante ello, el PP volverá a solicitar la ampliación de pesquisas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que había ratificado este martes mediante sentencia firme la obligación de que la OCI las reabriese aunque las saldara en unas horas, e incluso están dispuestos a agotar la vía jurídica y elevar nuevas acciones a más altas instancias judiciales menos parciales que el propio gobierno.
Además, existe un precedente judicial en el Tribunal Supremo que llevaría a Begoña Gómez a un escenario penal, con una sentencia de junio de 2014 en la que el Alto Tribunal confirmó la condena a dos concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) a un año de prisión por malversación, uno de los cinco delitos que se le imputa a la esposa de Pedro Sánchez.
