La encuesta que acaba de publicar la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (AETIB) del Govern, realizada en octubre de 2024 sobre una muestra de 2.008 personas de todas las islas (738 en Mallorca, 460 en Menorca, 460 en Ibiza y 350 en Formentera), revela una inmensa mayoría que creen necesario limitar los coches de alquiler (79,6 %) o el alquiler vacacional (80,5 %).
Y más allá de partidarios de reducirlo, los totalmente contrarios al alquiler vacacional en viviendas particulares, según los datos de la encuesta realizada en 2024 por el Govern, suman 61,8 % de la población —al agregarse quienes están “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”— que rechaza esta modalidad turística, frente a un 38,2 % que la apoya, con un exiguo 6,8 % que se declara “muy de acuerdo”.
El devastador impacto de este formato auspiciado por Airbnb o Booking tiene su principal perjuicio en el enorme aumento del precio de la vivienda en la última década, cuando una buena parte del mercado de hogares cambió de clientes para destinarse a su uso de corta estancia, pese a vulnerar los planes urbanísticos sobre zonas delimitadas para residencias o turismo.
Recientemente, alguno de los descubiertos que explotaban sus viviendas de forma ilegal para cobrar a turistas sollozaban que “tenían que comer”, como si alquilando a residentes no tuvieran ingresos. Pero los dos últimos ejecutivos baleares de distinto signo político han apoyado a esta modalidad de alojamiento, poniendo alfombra roja al trasvase de viviendas y luego regularizándolas, desoyendo al sentir clamoroso de sus gobernados.
