Baleària ha presentado una demanda contra el Consell de Ibiza por el acuerdo del 28 de marzo que limita la afluencia vehículos en la isla con el fin de preservar la sostenibilidad turística. Sin embargo, para la naviera esta restricción constituye un supuesto de greenwashing y pide la nulidad de la medida, que dejará de tener efectos el próximo 30 de septiembre, y solicita al juez que plantee una cuestión de constitucionalidad.
Aunque la medida recurrida dejará de tener efectos en poco más de dos semanas, la naviera quiere una resolución de fondo: “Pensamos que el acuerdo del Consell es un despropósito político y de gestión y una chapuza jurídica. Tarde lo que tarde la resolución judicial, esperamos que los argumentos y fundamentos aportados en la demanda contribuyan a una reflexión colectiva y global”, señala Adolfo Utor, presidente de Balearia.
Cree que la medida puede tener graves consecuencias futuras para un sector estratégico para la isla y que supone una discriminación hacia el transporte marítimo, ya que “mientras que el pasajero de barco tiene que estar pendiente de cupos, tasas y engorrosas tramitaciones administrativas, el de avión puede comprar sin ninguna restricción sus pasajes y reservar su coche de alquiler con todas las facilidades”, añade.
“Mientras en Europa se restringe el transporte aéreo en favor del ferroviario y el marítimo, en las Islas Baleares se hace todo lo contrario, atentando paradójicamente contra lo que dicen defender, el medio ambiente y su propia conectividad marítima”, afirma Utor
Cabe recordar que la naviera ya interpuso en mayo un recurso contencioso administrativo contra la limitación de acceso de vehículos a la isla de Ibiza.
El presidente de Baleària, Adolfo Utor. Fuente: Baleària
Contra los derechos fundamentales
Balearia sostiene que la medida vulnera dos derechos fundamentales: el de igualdad (al discriminar entre no residentes propietarios y no propietarios) y el derecho a la movilidad (al restringir la circulación por el Estado español).
Según explica la compañía en un comunicado, los informes técnicos y jurídicos, en los que se apoya “consideran que la restricción constituye un supuesto de greenwashing e impone un sacrificio económico al transporte marítimo frente a beneficios ambientales nulos”. También remarcan que la medida aborda de forma parcial un problema que requiere de mayor rigurosidad e implementación técnica.
La demanda se fundamenta, principalmente, en un informe jurídico de la Universidad Jaume I de Castellón, que concluye que la medida aprobada por el Consell de Ibiza es inadecuada técnica y jurídicamente, al abordar de forma parcial un problema que precisa de mayor rigurosidad e implementación técnica tanto a nivel de seguridad vial como de sostenibilidad ambiental.
“Es un ejemplo de greenwashing normativo, es decir, que proyecta una imagen de compromiso ambiental mediante una medida formalmente restrictiva, pero materialmente ineficaz”, sostiene el informe
Alternativas a la medida del Consell
El documento destaca también que la medida no incide en la principal fuente de congestión de la isla: el parque móvil residente. Además, considera que existen otras alternativas menos restrictivas, como las zonas de bajas emisiones y la mejora del transporte público, entre otras.
Asimismo, considera que el diseño técnico de la medida es ineficaz para lograr los objetivos medioambientales que persigue por no haber previsto mecanismos de seguimiento y control y no distinguir por tipología de vehículos. Por ejemplo, no diferencia entre un vehículo de 0 emisiones y el más contaminante. Asegura también que el Consell no dispone de mecanismos para determinar si un coche está matriculado en la isla o no.
“El informe, elaborado por la consultora Meteoclim, avala con datos científicos que la medida no tiene ningún efecto positivo ni para el medio ambiente ni para la movilidad, pero ocasiona daños a presente y a futuro para la actual estructura de transporte marítimo”, indica el comunicado.
