Ibiza, referente internacional del turismo mediterráneo, se enfrenta a una amenaza que compromete los fundamentos de su modelo turístico: la proliferación de la oferta ilegal de unidades alojativas. Este fenómeno no solo vulnera la normativa vigente, sino que deteriora la calidad del destino, distorsiona la competencia, sobrecarga las infraestructuras, encarece el acceso a la vivienda para residentes y afecta negativamente a la convivencia ciudadana y a la imagen de la isla.
El Plan de Choque: compromiso con el futuro
Para abordar esta situación, el Consell Insular d’Eivissa ha impulsado el Plan de Choque contra el intrusismo en la isla de Ibiza, una iniciativa integral con una dotación superior a los 22 millones de euros para el periodo 2025–2027. Este presupuesto procede del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que abonan directamente los turistas, y cuya asignación fue aprobada por la Comisión de Impulso de Turismo Sostenible de las Illes Balears. La mitad de los fondos será gestionada por el Consell y la otra mitad distribuida entre los cinco ayuntamientos de la isla.
El Plan de Choque no solo permite ampliar recursos humanos y medios tecnológicos, sino que se orienta a conseguir resultados visibles a corto plazo: intensificación de las inspecciones, aumento de los expedientes sancionadores, control sistemático de plataformas digitales, campañas informativas y mejora de la coordinación interinstitucional.
Según estimaciones de la Dirección Insular de Intrusismo, la oferta ilegal alcanzó en 2021 las 2.521 VUTs y 17.218 plazas. Además, atendiendo al pico de oferta alcanzado en 2021, se estima que podría llegar a un máximo de 2.730 unidades y 18.619 plazas.
Refuerzo institucional y reorganización administrativa
Como refuerzo jurídico y operativo, el Consell aprobó el Plan de Inspección Turística 2025, que introduce un Plan Especial de actuación específicamente enfocado en la detección de unidades alojativas comercializadas ilegalmente. Este programa prioriza aquellas ubicaciones con antecedentes sancionadores, unidades en edificios plurifamiliares y casos con quejas reiteradas. Una de sus claves es la identificación de los propietarios o comercializadores responsables, instándolos a asumir su responsabilidad sobre lo que ocurre en sus propiedades.
En paralelo, se ha reestructurado la Oficina de Lucha contra el Intrusismo para integrarla en la arquitectura organizativa del Consell. Su nueva configuración refuerza la coordinación entre departamentos y permite incorporar herramientas digitales, análisis de datos, asesoramiento legal y comunicación institucional, dotando de estabilidad a las actuaciones contra el intrusismo tanto en alojamiento turístico como en el sector del transporte.
Rigor técnico frente a estimaciones simplistas
En un momento en el que el turismo se rodea de datos, inteligencia artificial y un desarrollo tecnológico nunca visto, es esencial analizar la información de forma rigurosa. Se ha generalizado la práctica de estimar la oferta ilegal restando el número de unidades legales del número de anuncios publicados en plataformas. Sin embargo:
- Un anuncio no equivale a una unidad alojativa.
- No solo se anuncian unidades de uso turístico.
- No todo lo que carece de número de licencia es ilegal.
- No todo lo que tiene número de licencia es legal.
- No todo lo que se anuncia es alquiler turístico.
Aproximarse a los datos reales que permitan hacer un estudio riguroso de la situación requiere el análisis pormenorizado de cada anuncio, atendiendo al tipo de alojamiento ofertado, la modalidad de alquiler (turístico o de temporada), la relación entre múltiples anuncios de una misma unidad y su localización geográfica.
Una estrategia que ya ofrece resultados tangibles
Todas las medidas implementadas por el Consell Insular d’Eivissa durante 2025 están comenzando a traducirse en resultados medibles. La evolución del número de anuncios de alojamiento turístico ilegal publicados en plataformas digitales muestra un descenso sostenido y significativo.
Según los datos de seguimiento, entre enero y junio de 2025 se ha producido una reducción de casi 1.100 anuncios sin número de licencia en la plataforma Airbnb, pasando de 2.241 anuncios sin licencia el 15 de enero a 792 el 2 de agosto.
Este descenso del 65% refleja de forma directa el impacto de las políticas de inspección, colaboración institucional y acuerdos con las plataformas. Esta reducción también implica miles de plazas ilegales menos disponibles en el mercado, contribuyendo así a descongestionar la presión sobre el territorio, reforzar la oferta legal y proteger la sostenibilidad del destino.
La lucha contra la oferta alojativa ilegal no es solo una cuestión normativa, sino una medida directa para reducir la masificación turística. En un territorio insular con recursos limitados como Ibiza, el exceso de visitantes compromete el equilibrio del ecosistema, genera tensiones en la convivencia y sobrecarga los servicios públicos. El control del número real de plazas ofertadas es esencial para lograr un modelo turístico sostenible, donde la calidad de la oferta prevalezca sobre la cantidad.
Al mismo tiempo, garantizar un turismo ordenado y respetuoso es clave para proteger el presente y el futuro de la principal —y prácticamente única— industria de la isla. El turismo es motor de empleo, de oportunidades económicas y de desarrollo local. Preservarlo requiere decisiones valientes que aseguren que quienes ejercen la actividad lo hagan dentro de la legalidad, con garantías para los usuarios, para los residentes y para el propio entorno natural.
Mesa de Intrusismo: gobernanza colaborativa
En el marco de esta estrategia, el Consell Insular ha creado la Mesa de Intrusismo de la isla de Ibiza, órgano colegiado y consultivo que permite la participación de administraciones, fuerzas de seguridad, sector empresarial y plataformas digitales. La Mesa se reúne periódicamente para asesorar, proponer y coordinar políticas contra la oferta ilegal. Su enfoque está alineado con una gobernanza multinivel, eficaz y compartida.
Colaboración con plataformas digitales: un modelo exportable
Uno de los resultados más relevantes de este espacio es el nuevo acuerdo alcanzado con Airbnb como la plataforma con mayor número de anuncios publicitados en la isla de Ibiza. Este convenio permite eliminar anuncios de unidades no susceptibles de ser viviendas —como campers, caravanas o embarcaciones—, así como retirar anuncios asociados a expedientes sancionadores desde su apertura.
También limita la publicación de anuncios sin número de registro y establece como hito la eliminación total de los anuncios sin registro antes de mediados de septiembre de 2025. Asimismo, en colaboración con otras plataformas como Booking, ya se ha logrado la eliminación de cientos de anuncios manifiestamente irregulares.
Estos acuerdos de colaboración, impulsados desde Ibiza, están siendo replicados por otras islas del archipiélago balear y ya han sido adoptados como referencia en destinos como la Región de Murcia o las Islas Canarias, consolidando un modelo eficaz de cooperación público-privada en la lucha contra la oferta ilegal.
Apoyo estatal, autonómico y proyección europea
La implicación de las administraciones superiores ha sido fundamental. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Consumo, ha reconocido el carácter pionero del Plan de Choque y ha mostrado su compromiso mediante la entrega de información sobre anuncios ilegales y su disposición a colaborar como referencia para una política estatal de lucha contra el intrusismo.
Esta implicación se suma al respaldo financiero del Govern de las Illes Balears y la implicación operativa de los ayuntamientos. Además, las iniciativas del Consell han despertado un creciente interés a nivel europeo.
El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, presentó recientemente esta estrategia en el foro internacional ‘Unbalanced Rollercoaster: EU Tourism tools for a Smoother Ride’, organizado por la Comisión Europea. Esta participación forma parte de una agenda europea activa por parte del Consell, que ha incluido también la intervención del vicepresidente primero y responsable de Turismo, Mariano Juan, en un seminario del mismo grupo de trabajo sobre la importancia del intercambio de datos para combatir el intrusismo en el alquiler turístico ilegal.
Avances normativos en favor del turismo responsable
En este contexto, no pueden obviarse los avances normativos. En 2024, el Parlament de las Illes Balears aprobó nuevas disposiciones legales que refuerzan la lucha contra la actividad turística ilegal y clandestina.
Estas normas, orientadas a la promoción de un turismo responsable, introducen nuevas obligaciones, refuerzan los mecanismos de inspección y sanción, y sitúan a los Consejos insulares como actores clave en la vigilancia y ordenación del modelo turístico. Su lenguaje es claro: la actividad debe ser legal, transparente y respetuosa con el entorno y la comunidad que la acoge.
Un proyecto de isla
En definitiva, la estrategia del Consell Insular d’Eivissa contra la oferta ilegal es clara, coordinada y ambiciosa. Parte de un diagnóstico preciso y se apoya en datos, normativa, recursos, colaboración institucional y corresponsabilidad con el sector privado. Y lo más importante: ya está dando resultados.
Los datos de reducción de la oferta ilegal en plataformas son alentadores y confirman que el camino iniciado es el correcto. Esta tendencia positiva fortalece la convicción del Consell de que solo desde la legalidad y la sostenibilidad puede garantizarse un futuro turístico de calidad, equilibrado y respetuoso con los residentes y el entorno.
Ibiza seguirá liderando con responsabilidad, decisión y colaboración, trabajando para asegurar el presente y el futuro del turismo, principal motor económico de la isla y elemento clave para su bienestar colectivo.
Más información
