Renfe ordenó a finales de julio la retirada de cinco trenes Talgo Avril tras detectar grietas y fisuras en los bogies, una pieza clave que garantiza la estabilidad del tren en curvas, de las unidades prestaban servicio en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. La detección de los fallos motivó una instrucción interna que reducía la velocidad en un tramo de 190 kilómetros de esa ruta, entre Atocha y las inmediaciones de Calatayud, con una limitación de 250 km/h frente a los 350 habituales (Renfe, peor que Ouigo e Iryo antes del fiasco de Talgo).
Según informa Vozpópuli, la orden se emitió siguiendo recomendaciones de la Entidad Encargada del Mantenimiento (EEM), que también alertó del mal estado de la infraestructura en ese trayecto. Los documentos internos detallan que, además de la reducción de velocidad, se exigía a los Centros de Gestión que informaran al personal de conducción y verificaran que los maquinistas estaban al tanto de las limitaciones antes de la salida de cada tren.
La publicación de imágenes de los bogies agrietados ha provocado una respuesta inmediata por parte de los sindicatos. Alternativa Sindical y el Sindicato Ferroviario han solicitado la retirada de todas las unidades de la serie S106 en servicio, alegando riesgos para la seguridad de los trabajadores y de los usuarios. En los escritos remitidos a Renfe y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), se menciona que los daños detectados podrían haber provocado “un descarrilamiento catastrófico” si no hubieran sido identificados a tiempo.
“Solicitamos la paralización inmediata de los trenes Avril por razones de seguridad y salud”, señala Alternativa Sindical, que también alerta sobre un “historial de averías técnicas, deficiencias reiteradas y fallos graves” desde su entrada en servicio. El Sindicato Ferroviario, por su parte, insiste en que “la seguridad no puede estar supeditada a compromisos comerciales ni a intereses de imagen”. Desde ambos colectivos se prevé que otras organizaciones se sumen a la misma exigencia en los próximos días.
El caso también ha reactivado el debate político en torno a Talgo. El Partido Popular ha pedido la comparecencia del Gobierno en el Congreso para aclarar las condiciones de la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el capital del fabricante vasco. El grupo parlamentario ha solicitado información sobre los informes o documentación que avalen esa operación y los argumentos que se han utilizado para justificarla.
La intervención de la SEPI llega después de que el Gobierno bloqueara la oferta de compra lanzada por la empresa húngara Magyar Vagon, alegando motivos estratégicos y los vínculos del grupo con el primer ministro Viktor Orbán. Desde entonces, se exploraron alternativas industriales, entre ellas compañías de India, Polonia y República Checa, sin éxito. Finalmente, la fórmula más viable ha sido una operación conjunta entre SEPI y Sidenor, que contempla una inversión pública de 75 millones de euros.
