Más de 1,1 millones de plazas de alquiler turístico en España —el 87% de la oferta nacional de viviendas de uso turístico (VUTs) activas este verano— podrían dejar de estar disponibles a partir del 1 de agosto si no se completa su inscripción en el Registro Único de Viviendas de Uso Turístico, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esta situación obligaría a las plataformas online, como Airbnb, a retirar los anuncios que no incluyan el Número de Registro de Alquiler (NRA).
Así lo revela un análisis de Mabrian, firma global de inteligencia turística, que ha evaluado el impacto potencial del nuevo acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Airbnb. Según este acuerdo, la plataforma online deberá eliminar todos los anuncios que no incluyan el NRA, tras un plazo de diez días hábiles desde la notificación a los anunciantes.
El Registro Único, en vigor desde el pasado 1 de julio, tiene carácter obligatorio y prevalece sobre las normativas autonómicas y municipales. Esto significa que ninguna vivienda podrá operar legalmente como alojamiento turístico si no figura en el registro estatal, aunque ya disponga de una licencia local o regional.
Según Mabrian, solo el 13% de la oferta total de VUTs publicada en Airbnb hasta el 15 de julio ha incorporado el NRA en sus anuncios. Este retraso en la regularización se explica, en parte, porque muchos anfitriones iniciaron el proceso de inscripción solo después de la entrada en vigor del registro estatal, lo que ha provocado una elevada concentración de solicitudes en un periodo muy corto.
Grandes diferencias entre comunidades
El análisis territorial de Mabrian revela fuertes contrastes entre comunidades autónomas. En Andalucía, la región con más viviendas turísticas del país, únicamente el 10,2% de los anuncios en Airbnb incluye el número estatal, a pesar de que el 83% cuenta con licencias autonómicas. En Cataluña, solo el 8% de los anuncios han incorporado el NRA, pese a que el 75,6% tiene permisos locales.
Situaciones similares se observan en otras regiones con alta concentración de oferta turística, como la Comunidad Valenciana (15,2%), Canarias (16,8%) o Baleares (12,2%).
En términos generales, el 67% de los anuncios de alquiler turístico en España declaran tener licencia autonómica o municipal, pero apenas el 20% de estas viviendas ha completado el proceso de obtención del código estatal. “En la práctica, esto supone que más de 1,1 millones de plazas están actualmente fuera de la normativa vigente y podrían ser retiradas del mercado”, advierte Carlos Cendra, socio y director de Marketing y Comunicación de Mabrian.
Una oportunidad para la regularización
A pesar del lento avance, hay comunidades autónomas que están logrando mayores niveles de cumplimiento. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, del tercio de la oferta en Airbnb que declara tener licencia local, el 57,7% ya ha incorporado el NRA. También se registran progresos relevantes en Galicia, Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra o La Rioja, donde más del 30% de la oferta con licencia ha completado el registro estatal, lo que representa entre el 50% y el 60% del total de los anuncios activos en estas comunidades.
“Las cifras muestran que la incorporación al Registro Único está en marcha, pero es un proceso progresivo que llevará tiempo”, concluye Cendra. “En cualquier caso, la posibilidad de perder una parte tan significativa de la oferta turística en plena temporada estival debe analizarse no solo en términos de capacidad de alojamiento, sino también por su impacto en la experiencia del viajero y en las economías locales que dependen del turismo de verano”.
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