La Junta de Andalucía ha eliminado del Registro de Turismo un total de 9.200 viviendas turísticas entre enero de 2024 y junio de 2025, como parte de un plan de control y regulación que busca frenar el uso irregular de este tipo de alojamientos. Málaga lidera las cancelaciones, con 3.426 inmuebles retirados, seguida de Granada (1.674), Sevilla (1.087) y Cádiz (1.064) (Así se blindan Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía contra el modelo Airbnb).
Según apunta Vozpópuli, la ofensiva tiene su base principal en el Decreto 31/2024, que endurece las condiciones para el registro de viviendas de uso turístico. Este permite a los ayuntamientos limitar su número por zonas o edificios, con respaldo legal europeo. Además, se han firmado convenios de colaboración con seis municipios para reforzar la inspección y el intercambio de información sobre estos alojamientos.
Actualmente, Andalucía cuenta con unas 147.300 viviendas turísticas registradas y cerca de 50.000 más a la espera de autorización. Para frenar la expansión descontrolada del sector, se han habilitado mecanismos que permiten a los consistorios suspender nuevas licencias durante un máximo de tres años. Ciudades como Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba y Chiclana ya han hecho uso de esta herramienta legal.
Este nuevo marco legal establece que no se presume el uso turístico por el simple hecho de estar en una zona residencial. Para operar legalmente, la vivienda debe contar con licencia expresa o haber presentado una declaración responsable conforme al planeamiento urbanístico local. La Junta también ha puesto en marcha un sistema de alertas que avisa de posibles infracciones urbanísticas antes del registro, operativo ya en seis ciudades andaluzas.
Sin embargo, algunas lagunas legales están siendo aprovechadas. En Sevilla, se ha detectado la reconversión de locales comerciales, oficinas y antiguos inmuebles públicos en apartamentos turísticos, al no estar sometidos a los mismos límites que las viviendas residenciales.
