El Gobierno y Airbnb llegaron este martes a un acuerdo que potencialmente puede suponer un gran paso para eliminar la oferta ilegal en esta plataforma (Denuncian a Booking y Airbnb por incumplir la nueva normativa).
El acuerdo obliga a Airbnb a identificar plenamente todos los pisos que intermedia y que sólo publique anuncios de los que cuenten con el código de registro legal nacional. Desde agosto, la compañía americana se ha comprometido a trasladar mensualmente al Gobierno toda la información sobre los anuncios que publica en su plataforma.
Airbnb dará diez días a los titulares de viviendas que no estén en el registro nacional, tras lo cual, si no se aporta este dato, procederá a la retirada definitiva. También, con estos cambios, además del número de registro nacional se insertará el registro autonómico.
Estas medidas son consecuencia de la aprobación del correspondiente reglamento de la Unión Europea, tendentes a ordenar y transparentar este negocio de alquiler de viviendas amueblada de corta duración.
No obstante, estos acuerdos no incluyen información sobre asuntos fiscales que sí son obligatorios en algunos, pocos, países europeos.
