Clamor del sector hotelero europeo contra el Gran Hermano turístico de Marlaska, que desde principios de este año obliga a alojamientos y operadores turísticos en España a recopilar y comunicar datos personales de sus clientes en un volumen nunca antes visto en Europa. Las organizaciones Hotrec, ETOA y Rural Tour advierten que es un obstáculo que lastra la competitividad y complica gravemente la operativa diaria del turismo internacional (Marlaska desoye al turismo pese al caos desatado por el registro de viajeros).
Estos lobbies denuncian que la normativa impone exigencias muy por encima de las de otros países de la Unión Europea, lo que ha derivado en sobrecostes, incertidumbre jurídica y una mayor carga administrativa, especialmente para pequeñas empresas y alojamientos familiares. “Se está generando una fricción innecesaria en toda la cadena de valor turística”, aseguran en una nota conjunta (El ‘Gran Hermano’ de Marlaska, bajo la lupa de Bruselas).
De hecho, el impacto ya es visible en operadores internacionales. Miki, una empresa especializada en turismo asiático en Europa, señala que las medidas incluidas en el decreto han complicado su actividad en España, país que considera clave en su oferta. “Los requisitos legales y operativos añadidos están afectando la confianza y eficiencia de nuestras operaciones”, advierte.
Una situación similar trasladan operadores que trabajan con turistas de norteamérica. Una empresa con más de 3.000 viajeros programados este año en España, distribuidos en 114 grupos y alojados en más de 40 hoteles, lamenta el peso que está teniendo la nueva burocracia. “Lo notamos ya en los tiempos y recursos que hay que dedicar por cada grupo. Para nuestros socios hoteleros en España, muchos de ellos negocios familiares, esta normativa representa una carga difícil de asumir”.
Ante estas denuncias, la Comisión Europea decidió abrir en enero una investigación formal sobre la medida. El comisario de Justicia, Michael McGrath, confirmó que el decreto español está siendo evaluado “a la luz de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos”. Concretamente, Bruselas busca determinar si el marco legal impuesto por España es compatible con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Mientras tanto, las organizaciones turísticas insisten en que España sigue siendo un destino fuerte, pero cada vez más difícil de gestionar desde el punto de vista operativo. Alertan que esta complejidad burocrática se une a otras limitaciones o problemáticas, como las que se vienen observando con las protestas antiturísticas.
