
Las aerolíneas en Europa están pagando mucho más de lo necesario por cumplir con la nueva normativa sobre el uso de combustibles sostenibles (SAF). Así lo revela uno de los últimos informes publicados por IATA, que lamenta que, en lugar de ayudar al medio ambiente, el sistema actual está haciendo que las compañías gasten 1.300 millones de dólares extra en 2025 sin que eso se traduzca en una reducción real de emisiones (El brutal impacto del impuesto al queroseno en la aviación española(.
Para poner en contexto, desde enero, la Unión Europea exige que al menos el 2% del combustible usado en los aviones sea sostenible. Pero en vez de vender directamente ese carburante a las aerolíneas, los proveedores están cobrando una “tasa de cumplimiento” por cada tonelada de combustible tradicional que venden. Este sobrecargo encarece el proceso y no asegura que se use más SAF en los vuelos.
El resultado es que las aerolíneas están pagando una media de 54 dólares extra por tonelada de combustible, cuando, según los precios de mercado, esa tasa debería ser de unos 22 dólares. De este modo, el lobby aéreo denuncia que están gastando más del doble de lo necesario, sin recibir más combustible sostenible a cambio (El SAF como proyecto de país: oportunidad histórica para España).
Con ese dinero extra, IATA apunta que “se podrían haber comprado 1,2 millones de toneladas más de SAF, lo que habría evitado la emisión de 2,7 millones de toneladas de CO2”. En otras palabras, considera que se está pagando mucho, pero contaminando casi lo mismo.
Pero este problema no se limita a Europa. En el Reino Unido ocurre algo similar, lo que supone otra pérdida de oportunidad para reducir emisiones. Entre ambos casos, se dejan de evitar más de 3,5 millones de toneladas de CO2 al año.