El alquiler turístico ha sido señalado en repetidas ocasiones como uno de los factores que incrementan la presión sobre el acceso a la vivienda en ciudades con mercados tensionados. Sin embargo, un estudio reciente publicado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) plantea una vía alternativa: aprovechar parte del parque de viviendas turísticas como solución habitacional, bajo fórmulas de alquiler social o protegido.
La investigación, firmada por Francesc González Reverté —catedrático de los Estudios de Economía y Empresa y director del programa de Turismo de la UOC— y Pablo Díaz Luque —investigador de la Unidad de Gestión y Gobernanza—, profundiza en las motivaciones de los propietarios de pisos turísticos para evaluar su predisposición a cambiar de modelo.
Una crisis estructural agravada por el turismo
Según los investigadores del grupo NOUTUR (Nuevas perspectivas en turismo y ocio), adscrito a la UOC, el acceso a una vivienda digna en España se ha visto progresivamente deteriorado debido a causas estructurales: una fuerte apuesta histórica por la propiedad, la escasa oferta de vivienda protegida y la ausencia de políticas públicas sólidas en este ámbito. A esto se suma, en las zonas turísticas, el auge del alquiler de corta estancia a través de plataformas como Airbnb, que ha reducido el parque disponible para el arrendamiento residencial.
Actualmente, menos del 20% del parque inmobiliario español se destina al alquiler, y apenas un 2,7% corresponde a alquiler social. Cifras muy alejadas de las medias europeas y de países como los Países Bajos, Austria o Dinamarca, donde el alquiler protegido representa más del 20%.
¿Un cambio de uso posible?
El estudio, publicado en la revista Cities, analiza las motivaciones de los propietarios de pisos turísticos para entender si podrían estar dispuestos a ofrecer sus viviendas en régimen de alquiler social. El principal hallazgo es que existe un potencial real, especialmente si se les garantiza una fuente de ingresos mediante subvenciones o contratos públicos.
González Reverté señala que “la predisposición general es media-baja, pero hay matices importantes según las motivaciones del propietario”. Aquellos con motivaciones económicas muestran mayor disposición a cambiar al alquiler social si siguen obteniendo ingresos. En cambio, quienes valoran aspectos sociales del alquiler turístico —como conocer a gente o compartir vivencias— son más reacios, pero abiertos a alternativas si conservan estos beneficios.
Díaz Luque añade que “las motivaciones sociales nunca actúan de forma aislada: deben ir acompañadas de estímulos económicos. La concienciación, por sí sola, no basta sin políticas de subsidio que faciliten el cambio de uso”.
Una tercera vía: ni confrontación ni inacción
Más allá del debate entre limitar o prohibir el alquiler turístico, los autores proponen “una tercera vía”: políticas públicas que fomenten la negociación entre actores —propietarios, administraciones, operadores turísticos— para reconvertir parte del parque turístico en vivienda social. “Se trata de aprovechar recursos existentes, como las viviendas de uso turístico, que tienen un valor social potencial elevado”, explican.
Esta investigación forma parte del proyecto Economías de Plataforma y Turismo Urbano Responsable (EPTUR), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Se enmarca en la misión de Transición digital y sostenibilidad de la UOC y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto al ODS 11: lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
