El crecimiento del alquiler turístico en España ha generado una demanda constante de mano de obra para mantener operativos los pisos ofertados en plataformas como Airbnb o Booking. Buena parte de ese trabajo lo realizan mujeres dedicadas a la limpieza y la gestión diaria de las viviendas, pero en condiciones laborales marcadas por la parcialidad, la precariedad y, en muchos casos, la informalidad.
Un informe presentado por UGT del que se ha hecho eco El Periódico, revela que más de un tercio del personal que trabaja en este sector lo hace sin contrato. Esta situación representa, según cálculos del propio sindicato, una pérdida estimada de 16,5 millones de euros anuales en aportaciones a la Seguridad Social. Además, la mayoría de estas trabajadoras percibe el salario mínimo y, en muchos casos, está contratada bajo el régimen de empleadas del hogar, aunque desarrollen funciones similares a las de una camarera/o de piso en un hotel.
A noviembre de 2024, en España había 368.295 viviendas de uso turístico registradas, con una oferta conjunta de 1,8 millones de plazas. Estas superan en número a las plazas ofertadas por el conjunto del sector hotelero, que no llega al 1,1 millón. Sin embargo, el número de personas empleadas directamente es sensiblemente inferior. UGT estima que el personal necesario para gestionar esa oferta turística equivale a 26.544 trabajadores a tiempo completo. Esta cifra no contempla a quienes desarrollan su actividad con jornadas parciales, habituales en el sector.
Las tareas vinculadas al funcionamiento de una vivienda turística abarcan funciones como la limpieza, la entrega de llaves, la atención al cliente por vía telefónica o digital, y la publicación de anuncios en las plataformas de alquiler. La mayoría de estos servicios están subcontratados a través de empresas multiservicio, que suelen aplicar el convenio de la limpieza, lo que implica una diferencia salarial de entre un 22% y un 25% respecto a lo que percibe por hora una camarera de piso regulada por el convenio de hostelería.
El informe también subraya el papel creciente de las empresas gestoras, que concentran bloques enteros o redes de pisos cedidos por terceros. Estas firmas pueden recibir hasta el 20% del importe de cada reserva. Desde el sindicato se señala que el modelo ya no responde al perfil del pequeño propietario que alquila puntualmente su vivienda, sino a una estructura empresarial de mayor escala.
Uno de los retos para regular este ámbito laboral es el acceso de la Inspección de Trabajo a las viviendas. Al tratarse de domicilios privados, los inspectores no pueden ingresar sin el consentimiento del titular, aun cuando en ellos se realicen actividades económicas. Por este motivo, UGT plantea la necesidad de una reforma legal que permita actuar en estos casos.
