Arturo Bernal, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía. Fuente: Junta de Andalucía.
¿Cuál es la situación en este momento respecto al registro único de alquiler turístico, que entra en funcionamiento el próximo 1 de julio, teniendo en cuenta la cascada de recursos contra esta medida presentados por la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Canarias y la Región de Murcia?
Creo que el gobierno (y su Ministerio de Vivienda, con la connivencia por inacción del Ministerio de Turismo), está actuando con irresponsabilidad con una intención exclusivamente política, sin respetar ni la posición constructiva y propositiva de las CCAA, ni las advertencias jurídicas del Consejo de Estado, ni a los ciudadanos o propietarios de las viviendas turísticas -la gran mayoría ahorradores- generando confusión e inseguridad jurídica, administrativa y patrimonial y, sobre todo, una inoperancia práctica de la norma.
¿Qué pasará si el día 1 de julio un propietario decide no registrar su vivienda en el registro de la propiedad?
Pues que no habrá consecuencias pues la norma, el Real Decreto 1312, carece de regulación inspectora y sobre todo sancionadora. Resulta absolutamente necesario que se corrijan las deficiencias normativas y operativas que se derivan de ese RD 1312, que se establezcan los mecanismos necesarios para su aplicación eficaz y que se cuente con un régimen sancionador que permita realmente acabar con la clandestinidad y la ilegalidad de una vez, en lugar de engañarnos con una norma que no lleva aparejada la acción coercitiva de la sanción. Lo que sí ocurrirá el día 1 de julio es que se va a generar más confusión, más inseguridad y caos.
Desgraciadamente, toda esta actuación del Gobierno y de su Ministerio de Vivienda, se ha concebido como un “montaje jurídico” para ofrecer titulares vacíos, diciendo que el gobierno de España está luchando contra la clandestinidad, cuando es absolutamente falso.
Es un Real Decreto fallido que solo provoca inseguridad e incertidumbre operativa y técnica. No sirve al propósito del reglamento europeo y de las comunidades autónomas. Solo se están incorporando costes y burocracia a todos los propietarios de viviendas que ya las tenían inscritas y cumplían con la legalidad vigente.
¿La Junta de Andalucía y otras comunidades autónomas no lograron convencer al Ministerio de la Vivienda para rehacer el Real Decreto?
Desde la Junta de Andalucía y otras comunidades hemos realizado varias propuestas constructivas en las escasas reuniones que logramos tener con el Ministerio. Sin embargo, fueron reuniones sin ningún contenido real, en las se limitaron a explicarnos cómo funcionaba una plataforma que de hecho no funciona y no es capaz de resolver la cuestión principal, que es la detección de las viviendas ilegales.
Este Decreto Ley es una aplicación de un Reglamento Europeo, ¿qué ha fallado
Desde el principio, nosotros siempre apoyamos el Reglamento 1028 de la UE del año 2024 y sus finalidades, es decir, la mejora en cuanto a la recogida y el intercambio de datos que deben existir sobre los servicios de alquileres turísticos de corta duración. Sin embargo, rechazamos la ejecución que se hace en España a través del Real Decreto.
Primero, porque se hace a golpe de decreto. Esto ya llama la atención, porque ya somos las comunidades autónomas las que tenemos la competencia en esta materia.
Segundo, por una cuestión práctica, pues el Gobierno español prescinde de tener aliados, las comunidades autónomas, para ordenar la vivienda turística España.
De hecho, el Consejo de Estado emitió un dictamen demoledor contra el Real Decreto 1312 al generar inseguridad jurídica, duplicar cargas administrativas y los costes, tanto para propietarios de viviendas de uso turístico como también para los gestores profesionales, que ya están cumpliendo con la normativa autonómica. Todo ello ha generado una gran confusión a la hora de su aplicación. Una confusión que se extiende también a los servicios de inspección que tenemos en las autonomías para el control y la ordenación de la vivienda de uso turístico.
Curiosamente, cuando alguna plataforma online de alquiler turístico, los propietarios de vivienda o incluso los turistas plantean alguna pregunta a través de la página web del Gobierno, su respuesta es “Pregunte usted a la Comunidad Autónoma correspondiente”. Me parece una tomadura de pelo.
¿Entonces, el 1 de julio ese decreto va a ser realmente operativo?
No lo creo. Por eso hemos pedido la suspensión cautelar. También he pedido la convocatoria de una conferencia sectorial extraordinaria para tratar de resolver esta cuestión antes de la inminente entrada en vigor del RD.
En cualquier caso, desde la Junta de Andalucía y otras comunidades proponemos que el RD sea suspendido y trabajemos conjuntamente en una nueva norma que tenga sentido, con un rango normativo adecuado, para adecuarlo a la legalidad y que sea operativa. Se trata de mejorar el intercambio de datos para acabar con la vivienda ilegal.
Recordemos que todo esto se plantea porque las propias plataformas online, cuando las autoridades locales o regionales les piden que anulen las inscripciones de viviendas ilegales, ellas proponen que se les envíen los datos de las viviendas legales a través de un solo registro nacional, en lugar de 17 para cada comunidad autónoma. Esto les permitiría anular más fácilmente aquellas viviendas que son ilegales. Para resumirlo de una manera sintética, el Gobierno de España tendría que haber cogido los registros ya existentes de las comunidades autónomas y añadirles algún identificativo como matrícula nacional, para que haya un solo registro. Eso se manda a las plataformas online, que ya pueden comenzar a identificar y eliminar las viviendas ilegales.
De hecho, el reglamento europeo dice que, si ya existen registros de viviendas turísticas de otras administraciones, el registro único nacional de cada país debe crearse en consonancia con esos registros previos.
Pero en lugar de eso, el Gobierno lanza un Real Decreto sin diálogo alguno con las comunidades autónomas, mete por medio a los registradores de la propiedad, duplica las tareas e incrementa los costes. En realidad, no estamos hablando de un conflicto de competencias, sino de cuestiones operativas, prácticas. Y ahora nos encontramos en una situación de gran incertidumbre e inseguridad jurídica porque el gobierno ha ignorado las soluciones jurídicas y técnicas que hemos ofrecido las comunidades autónomas.
¿Quizá el Gobierno tenía mucha presión social?
El registro único tiene que ser una herramienta para resolver el problema de las viviendas ilegales que se comercializan en las plataformas online. Pero no debemos demonizar a la vivienda turística como la causante de todos los males del turismo. Las viviendas turísticas regladas son una modalidad más de alojamiento, prevista por la normativa. Es necesario regularlas y cada ayuntamiento, además, tiene potestad sobre los usos del suelo.
Quiero también resaltar otro hecho que me preocupa especialmente: después de dos años de legislatura, aún no conocemos cuál es la posición del ministro de Industria y Turismo en todo este asunto. Definitivamente, el turismo no tiene ninguna voz en el Consejo de Ministros del Gobierno de España. La voz del turismo tiene que oírse en esa mesa, porque si no, estamos siendo vapuleados de forma permanente, sea por la última ocurrencia de la Ministra de Vivienda que se inventa un Real Decreto o por cualquier otro asunto.
¿Y cómo ha regulado Andalucía la vivienda turística?
La Junta de Andalucía le da al turismo la importancia que requiere la principal industria de nuestra tierra y de España. Teníamos que regular y ordenar el fenómeno alojativo de las VUT, sin demonizarlas, y así lo hemos hecho.
En primer lugar aprobamos un decreto en febrero de 2024 con el consenso de hoteleros, gestores de VUT, plataformas de comercialización y administradores de fincas.
En paralelo hemos notificado a todos los municipios la posibilidad de firmar convenios con la Junta para mejorar el intercambio de información y agilizar los trámites. Las principales ciudades ya lo han suscrito.
Hemos aprobado también un decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que también incluye medidas sobre estos alojamientos.
Por último, la nueva Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, que ya estamos tramitando, reconoce la VUT como alojamiento turístico y endurece las sanciones en caso de ilegalidad.
Toda esta gestión se ha mostrado eficaz pues ya se han cancelado en Andalucía más de 8.000 viviendas turísticas ilegales en menos de año y medio.
