Consumo da así un paso más en su lucha contra la publicidad ilegal de pisos turísticos. Una lucha que, en palabras del ministro Bustinduy, resulta decisiva para “poner coto a la proliferación indiscriminada de este tipo de alojamientos” y que, a su juicio, supone una de las causas de las dificultades en el acceso a la vivienda que sufren miles de personas actualmente en España, especialmente en zonas que reciben una mayor afluencia de turistas como Canarias.
Consumo ha puesto en valor la colaboración con Booking tras el envío del primer requerimiento para que los anuncios se ajustasen a la legalidad vigente, con todas las garantías para los usuarios. Fuente: Adobe Stock.
Requerimiento a Airbnb
Esta acción llega una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid respaldara por segunda vez la acción de Consumo sobre Airbnb, a la que el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy requirió retirar más de 65.000 anuncios ilegales de este tipo de alojamientos.
Los autos hacen referencia a los anuncios que figuran en el primer requerimiento enviado, y que se completan con más de 60.000 anuncios incluidos en otros dos requerimientos enviados posteriormente. Todos ellos, 65.935, fueron detectados como ilícitos por la Unidad de Análisis de Consumo.
Infracciones
Tanto los anuncios ilegales eliminados por Booking, como los denunciados a Airbnb, cometen una de estas tres posibles infracciones:
- No incluyen el número de licencia o registro. Se trata de un requisito obligatorio en varias normativas autonómicas y que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada.
- Incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. Supone una práctica que puede inducir a error o a engaño a los consumidores.
- No indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, si son profesionales o particulares. Esta cuestión resulta fundamental para saber si la persona que contrata el servicio está protegida o no como consumidor.
