El Ayuntamiento de Benalmádena ha clausurado el hotel Vivemar por no estar inscrito en el Registro de Alojamientos Turísticos y Hoteleros de la Junta de Andalucía. La Policía Local procedió a precintar el establecimiento tras confirmar que la inscripción del hotel había sido cancelada por carecer de autorización. Este se encontraba al 98% de ocupación con más de 200 turistas alojados.
Según informa Málaga Hoy, el concejal de Aperturas, Raúl Campos, ha explicado que el cierre se ha producido porque “hay un requisito de apertura que necesita el Ayuntamiento, y es que esté inscrito en el Registro de Alojamientos Turísticos y Hoteleros de la Junta de Andalucía”. Así, ha añadido que el documento no fue entregado, y la Junta confirmó que el hotel no estaba en regla.
El gerente de Vive Resort Management S.L., actual explotadora del hotel desde septiembre de 2024, Alberto Tusquellas, ha atribuido la cancelación del registro a un “problema administrativo” de la anterior gestora. A su juicio la empresa actual posee un contrato de explotación cedido por la anterior, y alega haber presentado toda la documentación necesaria para la reinscripción, incluidos los certificados requeridos y el pago de tasas.
En este sentido, ha criticado que la actuación policial ha dificultado la movilidad interna de los huéspedes, al haber precintado la entrada principal y la salida de emergencia con “cables de acero”. Los clientes solo pueden desplazarse por el garaje, lo que está generando “complejidad de movimientos dentro del hotel”.
La situación jurídica del hotel se encuentra en disputa desde hace años. La representante de la propiedad, María José García, ha señalado que se presentaron dos denuncias: una civil en 2018 por cesión presuntamente ilícita del contrato de subarriendo, que sigue pendiente en el Tribunal Supremo, y otra penal en 2024 por presunta falsedad documental del contrato presentado ante el Ayuntamiento. Según García, “el contrato presentado al Ayuntamiento es falso”.
Sin embargo, la propietaria afirma haber notificado la situación tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento desde julio del año pasado. Asegura que no fue informada de ningún nuevo contrato de arrendamiento, algo que considera obligatorio. Por su parte, Tusquellas rechaza estas acusaciones y mantiene que “no hay nada falsificado” y que será la justicia quien determine la validez de los documentos.
