Los representantes de tres de los principales grupos de gestión coinciden en el impacto negativo que está teniendo en sus agencias de viajes asociadas implementación del registro documental, alertando de que, no solo es inviable, sino que está generando un verdadero caos en el día a día de las independientes (Las agencias protestan en Fitur contra el ‘Gran Hermano’ turístico de Marlaska).
En declaraciones a Preferente, el presidente de Dit Gestión, Jon Arriaga, asegura que “es pura confusión”. A su juicio, se trata de una normativa que “hace aguas por todas partes”, ya que “las agencias están en un momento de caos a la hora de presentar e intentar rellenar correctamente los documentos” (La competitividad de España, en jaque por el ‘Gran Hermano’ turístico de Marlaska).
El impacto de estos requisitos, que exigen un nivel exhaustivo de control sobre los datos de los clientes, también ha sido cuestionado por Rubén Fernández, director general de Airmet. Según explica, la implementación debería haberse realizado de forma escalonada. “Las agencias están haciendo un trabajo más sin saber cuál es el motivo real de este requerimiento”, añadiendo que “el nivel de control propuesto no compensa la seguridad que se busca alcanzar”.
Por su parte, la directora general de Grupo Gea, Sara Fernández, reconoce que, si bien la integración del registro documental en los programas de gestión ha facilitado su implementación, la medida está afectando negativamente la operativa. “Supone un impacto negativo en la disponibilidad de tiempo de nuestras agencias. Esto compromete el servicio y la eficiencia en momentos de alta demanda”.
De igual manera, las opiniones coinciden en que el sistema presenta múltiples fallos y que, en muchos casos, resulta muy difícil cumplir con los requisitos establecidos. Según Arriaga, “es totalmente imposible su correcta aplicación, especialmente si consideramos las características especiales de comunidades como Catalunya, Navarra o Euskadi”.
Una valoración que comparte con Sara Fernández, que coincide en que “nos encontramos con muchas situaciones en las que casi es imposible de aplicar, especialmente en segmentos específicos como se viene denunciando desde todo el sector”. Igualmente, desde Airmet denuncian que el impacto de esta medida podría ser perjudicial para la competitividad del sector dentro de la Unión Europea.
Ante este panorama, los tres representantes creen que las autoridades deben reflexionar sobre los efectos de esta medida y reconsiderar su implementación. “Podría perjudicarnos frente a otros competidores dentro de la Unión Europea, tanto en el ámbito de destinos como de emisión. Solicito a las instituciones una nueva reflexión y que repensar este proyecto”, concluye Rubén Fernández.
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