Las agencias de viajes vuelven pedir ayuda urgente para acabar con una de las grandes problemáticas del sector de la intermediación, como es el intrusismo. CEAV y Locos por Viajar han trasladado hoy a la Agencia Catalana de Consumo su preocupación por este asunto, alertando de que perjudica gravemente a las empresas legalizadas y a los consumidores (Intrusismo: la inacción de las autoridades penaliza a las agencias).
En el encuentro, ambas entidades han informado de que esta actividad irregular ha generado un aumento significativo de denuncias en los últimos meses. Para que se hagan una idea, desde el verano de 2024, CEAV ha interpuesto un total de 57 denuncias por intrusismo en toda España, de las cuales 21 se han registrado en Cataluña (Las agencias se rearman para luchar contra el intrusismo).
Por ello, han reclamado la implementación de un sistema de códigos identificativos para las agencias que dispongan de garantía de viajes combinados, mecanismo que ya existe en otras comunidades autónomas. Esta medida permitiría a los consumidores verificar con facilidad si una agencia está autorizada legalmente para operar.
Asimismo, ven necesario lanzar una campaña informativa dirigida al público general para alertar sobre los riesgos de contratar viajes con entidades no reguladas. También se ha planteado la puesta en marcha de controles de oficio, incluyendo la supervisión de sitios web y redes sociales, con el objetivo de detectar y sancionar posibles casos de intrusismo profesional.
“La lucha contra el intrusismo no es solo una cuestión de legalidad, sino de protección al consumidor y de defensa de un sector que trabaja con profesionalidad y garantías”, ha apuntado el presidente de CEAV, Carlos Garrido. Así, ha recordado que, en abril de 2024 pusimos en marcha el Buzón del Intrusismo defendiendo tanto a las agencias que cumplen con sus obligaciones como los derechos de los consumidores”.
Por su parte, el presidente de Locos por Viajar, Jordi García, considera que “es el momento de actuar con contundencia”. “No podemos permitir que el vacío legal o la lentitud administrativa, por falta de suficientes recursos asignados, sigan favoreciendo a quienes operan al margen de la normativa, muchas veces sin mala fe, pero con graves consecuencias para el consumidor”.
