El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha denunciado que 482 millones de euros de los 700 recaudados a través de la ecotasa entre 2017 y 2023 permanecen sin ejecutar (Ecotasa balear: de escándalo en escándalo con el dinero de los turistas).
En una intervención en el foro “Retos y futuro del turismo de sol y playa en España”, ha criticado que “hemos cobrado a los turistas una tasa explicándoles que era para preservar el destino, les hemos mostrado folletos de a dónde iría su dinero, pero el dinero está guardado en un cajón. Y eso, en mi opinión, tiene responsables políticos muy concretos. No es un problema de financiación, es un problema de gestión” (Ecotasa balear: los hoteleros asumen que nunca se eliminará).
Durante su intervención, el presidente de la FEHM también ha reclamado “acción inmediata, planificación y valentía política” para abordar lo que considera los dos principales retos del sistema turístico en Baleares: la vivienda y la movilidad. A este respecto, ha recordado que la población del archipiélago ha crecido un 52% desde el año 2000, mientras que el parque de viviendas sólo ha aumentado un 21%, lo que agrava el problema del acceso a la vivienda.
En relación con la movilidad, Vich ha denunciado que las infraestructuras siguen ancladas en el pasado: “Seguimos con las mismas de hace 25 y 50 años”. También ha señalado que Baleares tiene el parque automovilístico más alto de Europa, lo que, sumado al crecimiento demográfico, provoca un “colapso inevitable” en accesos, parkings y servicios públicos.
Con todo ello, ha criticado que el turismo sea señalado como “único culpable” de los problemas en los debates políticos, mientras que no se asume la falta de planificación ni la ausencia de coordinación entre administraciones. A su juicio, el sector turístico está “pagando las consecuencias de dos décadas de inacción pública”.
Finalmente, Vich ha realizado un llamamiento a impulsar un verdadero Plan Estratégico de Transformación Turística a nivel nacional, con cooperación entre administraciones y el sector privado. Así, ha recordado que este último ya ha invertido 3.500 millones en modernización, y que ahora corresponde a las instituciones públicas actuar con eficacia.
