En los últimos años, diversas capitales europeas han intensificado sus esfuerzos para regular el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos y combatir la oferta ilegal, con el objetivo de proteger el acceso a la vivienda y preservar la convivencia vecinal. España, junto a otras ciudades europeas, ha implementado medidas para frenar el impacto del alquiler turístico en el mercado inmobiliario (Europa contra Airbnb: 8 capitales quieren frenar el alquiler turístico).
En España, Barcelona ha sido pionera en la regulación de los pisos turísticos, implementando restricciones y sanciones para controlar la oferta ilegal. Bajo el mandato de Jaume Collboni, la ciudad condal erradicará los 10.101 pisos turísticos existentes en la ciudad. Las licencias se deben renovar en noviembre de 2028, y el ayuntamiento está decidido a denegar todas las renovaciones.
De igual manera, Madrid ha anunciado recientemente un plan específico para evitar que los pisos turísticos operen en edificios residenciales. Además, ha suspendido las nuevas licencias en zonas centrales; ha endurecido las sanciones para quienes operen sin autorización, con multas que pueden alcanzar los 100.001 euros; ha reforzado la plantilla de inspectores; y ha creado un registro oficial de alojamientos turísticos legales para mejorar el control.
Fuera de España, Ámsterdam ha endurecido recientemente sus restricciones sobre los alquileres turísticos. Desde 2019, se limitaba el alquiler de viviendas completas a un máximo de 30 noches al año. Sin embargo, las autoridades han anunciado que, a partir de abril de 2026, este límite se reducirá a 15 noches anuales en zonas como el centro de la ciudad y De Pijp. Así, la idea es alcanzar la prohibición total del modelo Airbnb en las zonas más tensionadas.
Por su parte, Lisboa ha implementado restricciones en barrios turísticos como Alfama y Bairro Alto, donde solo se permiten nuevos pisos turísticos en edificios ruinosos rehabilitados. Esta política pretende preservar el tejido residencial y evitar la gentrificación en zonas históricas.
De igual manera, París exige desde diciembre de 2017 que los anfitriones registren sus viviendas antes de alquilarlas a corto plazo, con un límite de 120 días al año. Esta medida busca evitar que los arrendatarios excedan el límite legal y facilitar a las autoridades el rastreo de las propiedades alquiladas.
Finalmente, en Berlín, desde mayo de 2016, se requiere permiso para alquilar viviendas completas a corto plazo, permitiendo solo el alquiler de habitaciones si el propietario reside en la vivienda. Las infracciones pueden conllevar multas de hasta 100.000 euros, buscando así controlar el mercado de alquiler y evitar la pérdida de viviendas para residentes permanentes.
Fuera de Europa, Nueva York ha implementado la Ley Local 18 desde septiembre de 2023, que limita los alquileres de menos de 30 días a situaciones en las que el anfitrión resida en la vivienda durante toda la estancia y no aloje a más de dos personas. Esta regulación ha reducido drásticamente la oferta en plataformas como Airbnb, pasando de más de 22.000 anuncios a menos de 5.000 en menos de un año.
