La propuesta del Gobierno para imponer un IVA del 21% a los pisos turísticos podría vulnerar la Constitución, según advierten expertos en fiscalidad. La medida, incluida en una proposición de ley del pasado 22 de mayo, busca gravar los alquileres de corta duración en municipios de más de 10.000 habitantes, aunque no presten servicios propios de la hostelería (El PSOE propone elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos).
Tal y como apunta El Economista, actualmente, los pisos turísticos están exentos de IVA al ser considerados vivienda, salvo que ofrezcan servicios adicionales como limpieza o cambio de sábanas. En ese caso, se aplica un 10%, al igual que en los hoteles. Sin embargo, la nueva propuesta plantea gravarlos directamente con el 21%, equiparando su fiscalidad al resto de sectores con fines lucrativos (Sánchez plantea tratar a los pisos turísticos como negocios).
En este sentido, el abogado fiscalista y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Complutense, Esaú Alarcón, califica la medida como “muy grave”. Critica que “no se contentan con asimilarlo al gravamen de los hoteles del 10%, sino que lo ponen al 21%. Evidentemente el objetivo del Gobierno es acabar con el alquiler turístico”.
Alarcón advierte de que esta medida “tiene un problema de constitucionalidad por discriminación”, y que, de ser aprobada, podría ser recurrida, tanto ante el Tribunal Constitucional, como ante la justicia ordinaria por los contribuyentes afectados, una vez hayan abonado el impuesto e iniciado el procedimiento de impugnación.
La proposición de ley incluye también un nuevo tributo dirigido a los compradores extranjeros no comunitarios que adquieran vivienda en España. Este impuesto obligaría a pagar una cantidad equivalente al precio del inmueble, lo que implicaría una carga fiscal del 100%. Según el fiscalista, esto puede considerarse confiscatorio y, por tanto, también contrario a la Constitución.
Además, la medida podría contravenir el principio de libre circulación de capitales recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que también se aplica a terceros países. En caso de que la norma salga adelante, Alarcón prevé llevar el asunto ante la Comisión Europea y advierte de que gobiernos autonómicos y grupos parlamentarios también podrían recurrir al Constitucional si se ven afectados.
