Facua denuncia que menos del 5% de las reclamaciones presentadas por los pasajeros ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) se traducen en multas a las aerolíneas. Según argumenta, el motivo es “la tibieza de dicho organismo y las graves deficiencias en el régimen sancionador” (Equipaje de mano en los aviones: “Los viajeros tienen derecho a llevar varios bultos”).
Es por ello que la organización de consumidores reclama al ministro de Transportes, Óscar Puente, “que impulse una modificación en la Ley de Seguridad Aérea ya que su redacción actual permite a las compañías saltarse sus obligaciones sin temor a ser multadas”.
En este sentido, afirma que la citada ley “no está cumpliendo el mandato establecido en el reglamento europeo de sancionar los incumplimientos de forma eficaz, proporcionada y disuasoria”. Es más, sostiene que tiene el efecto contrario, incentivando que las aerolíneas “se salten su obligación de pagar a los pasajeros las compensaciones de entre 250 y 600 euros, así como los gastos de comida, bebida y alojamiento que marca la normativa europea cuando se producen denegaciones de embarque, cancelaciones y retrasos de más de 3 horas”.
Facua califica como “ridículo” que, teniendo en cuenta “el elevado número de fraudes que comete el sector”, solo acaben en sanciones “una ínfima parte de las reclamaciones de los viajeros”. Según detalla, de las 32.457 quejas registradas en 2023, únicamente 1.475 se tradujeron en sanciones. Al año siguiente, en 2024, la cifra se redujo a 1.178 expedientes.
Por otro lado, la organización critica la “falta de transparencia” de AESA, revelando que el organismo hizo caso omiso a una solicitud de información en la que le requería el importe total de las multas impuestas a compañías aéreas en los últimos años, así como el desglose del mismo por compañías y motivo de las sanciones.
