La salida de Rafael Pérez como secretario de Estado de Seguridad del Gobierno responde, en realidad, a una destitución encubierta vinculada a la estrategia del Ministerio del Interior de evitar cualquier implicación directa en la causa judicial sobre la trama Koldo. Así lo asegura Vozpópuli, subrayando que la dimisión, presentada por “motivos personales”, se debió a una presión interna para apartarlo en medio de un creciente malestar institucional y nuevas revelaciones que lo relacionan con Koldo García.
Uno de los puntos críticos que provocaron la decisión fue el conocimiento de varios mensajes entre Pérez y Koldo en los que el número dos de Marlaska proporcionaba contactos para facilitar la contratación de Soluciones de Gestión, empresa ligada a Víctor de Aldama, para el suministro de mascarillas durante la pandemia. Esta gestión desembocó en contratos con el Ministerio del Interior por un valor de 3,5 millones de euros.
No obstante, según consta en esas comunicaciones, Pérez también recurrió a Koldo para tratar de mejorar las condiciones laborales de su cuñado, trabajador de Aena, solicitando un traslado desde Sevilla a Madrid. Aunque fue negado por el propio secretario en su comparecencia ante la comisión del Senado, forma parte de las diligencias abiertas que vinculan a altos cargos del Ministerio con el asesor de Ábalos.
Además, la UCO ha recogido pruebas de que Pérez fue informado directamente por Koldo de los preparativos de la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Madrid en enero de 2020, en la que participó activamente a efectos logísticos y de seguridad. Esta implicación coincidió con su paso de jefe de gabinete a secretario de Estado de Seguridad, apenas un día antes de la llegada de la dirigente bolivariana.
El caso ha salpicado también la gestión del material sanitario, debido a irregularidades en la documentación de entrega y custodia de las mascarillas. El citado medio destaca que estos fallos alimentan la teoría de que la red operó de manera transversal entre departamentos, con Interior como uno de los puntos de entrada de los contratos investigados.
