
El objetivo es eliminar los 800 alojamientos sin licencia detectados en la caiudad, equivalentes al 8% del total
Barcelona intensifica su ofensiva contra los pisos turísticos ilegales, con más de 3.200 inspecciones realizadas solo hasta abril de 2025. El Ayuntamiento, liderado por el alcalde Jaume Collboni, ha abierto 633 expedientes, iniciado 213 sanciones, y dictado 330 órdenes de cese para eliminar los 800 alojamientos sin licencia detectados, equivalentes al 8% del total (Barcelona asestará un golpe de muerte al modelo Airbnb).
Según informa Eldiario.es, la ciudad cuenta con un equipo técnico especializado dentro de la Dirección de Servicios de Inspección (DSI), que rastrea los portales de alquiler turístico mediante una herramienta digital propia, conocida como spiderweb. Este sistema examina miles de anuncios publicados en plataformas como Airbnb para identificar posibles infracciones, analizando la disponibilidad, el tipo de alquiler y los datos de cada anuncio (Madrid y Barcelona: así combatirán el desmadre de los pisos turísticos).
Una vez detectada una posible ilegalidad, el proceso pasa a manos de un equipo humano formado por más de 30 técnicos. Ellos investigan anuncio por anuncio, analizan imágenes, localizan descripciones geográficas y contrastan datos con visitas sobre el terreno y testimonios vecinales, claves para confirmar la ubicación exacta del piso. Las denuncias ciudadanas son otra de las vías principales de detección.
Airbnb, que concentra el 90% de la oferta en Barcelona, es una de las plataformas señalada por el consistorio por no colaborar en el control de los anuncios. Aunque en 2018 se firmaron convenios de colaboración, denuncia que desde Semana Santa de este año no ha cerrado los anuncios ilegales notificados, lo que ha llevado a estudiar posibles acciones legales.
En paralelo, el Ayuntamiento también debe lidiar con las redes organizadas. Actualmente se investigan 26 estructuras activas dedicadas a gestionar pisos ilegales y estafar a propietarios. Estas recurren a anuncios duplicados, obras sin permiso o alquileres encubiertos de habitaciones, modalidad prohibida en la ciudad desde 2022.
Con todo ello, el objetivo del ejecutivo regional es erradicar por completo la oferta de pisos turísticos en el año 2028, que en estos momentos asciende hasta 10.101. A su juicio, “es necesario desplegar todas las herramientas necesarias para regular y restringir esta actividad”, porque “la ciudad no puede permitirse que una cifra tan elevada de pisos se destine a la actividad turística”.