Si algo sabe Airbnb es que tiene dos tipos de clientes, ambos igual de importantes: por un lado, los huéspedes, que usan el servicio y no tienen especial interés en los detalles de cómo opera este negocio. Y, por otro, los propietarios de las viviendas turísticas, que para Airbnb son vitales porque es quien le da el producto sobre el que obtiene el margen. Y estos sí quieren hablar de números (Airbnb arranca el año con un desplome de beneficios).
Esos propietarios han de estar contentos con Airbnb, porque hay algunos otros proveedores de alojamiento online, pero sobre todo esos pisos se pueden alquilar a largo plazo, a personas con cara y ojos. Esta es la competencia.
Cuidar a esos propietarios pasa por ayudarlos en los asuntos fiscales. Los pisos no pagan porque es muy complicado que lo hagan. Airbnb ha creado una carrera de obstáculos para que los gobiernos tengan información fiscal. O sea, para que hagan lo mismo que hacen con cualquier otra empresa. La empresa no informa de todo lo que puede no informar. Y cuando informa, lo hace con confusión aduciendo problemas derivados de la distancia, de la diferencia de forma entre los diversos países, etcétera.
El lío es aún mayor cuando esos establecimientos, como en Francia, han de pagar una tasa turística. Entonces Airbnb falla, oculta, no se entera. Le van cayendo sanciones, pero al fin y al cabo es parte de la vida diaria de la compañía.
Algunos países han avanzado en sus exigencias a Airbnb que, cuando está muy acosada, cede. Que informe parcialmente en un país y no en otros demuestra que sabe lo que hace y que sólo busca revolverse para evitar sanciones.
Porque si algo tiene claro, es que todos los impuestos que sus proveedores no pagan es ventaja competitiva de Airbnb y su fórmula ante la competencia, o sea el alquiler normal de largo plazo. Y esa es otra de las batallas.
