El sector del alquiler de vehículos ha advertido al Consell de Ibiza de que presentará reclamaciones millonarias por responsabilidad patrimonial si la justicia declara ilegal la nueva normativa que limita la circulación de vehículos de rent a car en la isla. La medida, que establece un máximo de 16.000 vehículos diarios entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ha sido criticada por afectar directamente a las empresas del sector, que ven comprometidos sus derechos y operatividad (Rechazo frontal del rent a car a las nuevas restricciones en Ibiza).
La regulación impone a cada empresa un límite máximo de 600 vehículos, calculado a través de un algoritmo de reparto proporcional. Según Feneval, esta medida pone en riesgo la competitividad empresarial y genera inseguridad jurídica, especialmente tras los recientes concursos de Aena que adjudicaron plazas a compañías de alquiler en condiciones que ahora se consideran alteradas por la nueva normativa.
En este sentido, la asociación hace referencia a un estudio desarrollado conjuntamente con Baleval, que sostiene que los vehículos de alquiler no superan el 10% del tráfico diario en Ibiza. Así, considera que se está señalando erróneamente a este tipo de flota como responsable principal de la saturación vial en la isla, cuando el problema, aseguran, responde a otros factores estructurales, como el crecimiento de la población.
Para el presidente de Feneval, Juan Luis Barahona, estas medidas “rompen la equidad del mercado, limita la competencia y genera una clara inseguridad jurídica”. Además, añade que “suponen un riesgo de proteccionismo autonómico, rompiendo la transparencia del mercado”.
Desde el sector también subrayan que la flota de alquiler en Ibiza tiene una media de antigüedad de 2,3 años, frente a los más de 10 años del resto del parque móvil. Igualmente, insisten en que este tipo de restricciones no deberían aplicarse bajo criterios que puedan generar efectos proteccionistas o dificultar el acceso libre a la actividad económica.
Finalmente, las empresas de alquiler de vehículos reclaman que se revise la medida y se aborden soluciones a través del diálogo y el análisis técnico. “No se puede legislar en base a percepciones o estados de ánimo. Las políticas deben apoyarse en datos objetivos. Esta medida no solo perjudica a las empresas y al empleo que generan, sino también a los ciudadanos y turistas, que verán limitada su capacidad de movilidad este verano”.
