Un portavoz de Airbnb ha dicho a Efe que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 “no es competente” para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos.
Añade que el listado de anuncios que ha incluido Consumo en esa petición de retirada utiliza una metodología “indiscriminada”, que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas, como arrendamientos de temporada, que no son oferta turística.
También ha ignorado -continúa el portavoz- “de manera deliberada” las resoluciones del Tribunal Supremo “que han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de registro.”
Airbnb explica que pide a todos los anfitriones que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda a lo largo del año que comprueben y cumplan con las reglas locales. En caso de incumplimientos pueden ser eliminados de la plataforma, señala.
Entre los argumentos de la plataforma explica que está sujeta a la Ley de Servicios Digitales, que no tiene obligaciones de supervisión, y no debe ser considerado un servicio inmobiliario, según una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Recuerda que en enero de 2022, el Tribunal Supremo, siguiendo el dictamen del TJUE, dictó una sentencia que establece que la información de los anuncios, incluido el número de registro cuando es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma en que se anuncia.
Airbnb es la principal plataforma de alquiler turístico. Fuente: Adobe Stock.
Consumo exige la retirada de 65.000 anuncios en Airbnb
El Ministerio de Consumo ha pedido este lunes a Airbnb que retire de manera inmediata más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas en su plataforma porque entiende que incumplen la normativa sobre publicidad de estos alojamientos.
En los últimos meses, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas e instó a la empresa a bloquear esta publicidad.
Airbnb recurrió estas actuaciones y ahora un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncia sobre una de las resoluciones y respalda la iniciativa del ministerio e insta a la multinacional a eliminar de su plataforma una primera tanda de 5.800 anuncios que incumplen la legislación.
