El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a la compañía Airbnb el bloqueo de “más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados en su plataforma”, según ha informado dicho departamento. Airbnb recurrió en tribunales las resoluciones de Consumo y ahora un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respalda la iniciativa del Ministerio.
A través de la Dirección General de Consumo, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha instado a la filial en Irlanda de esta multinacional a eliminar un total de 65.935 anuncios “al considerarlos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos”.
En concreto, se vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo ha detectado estos anuncios, añaden las mismas fuentes.
En todos los casos, además, “se trata de viviendas completas de uso turístico, no aparecen anuncios de habitaciones individuales”.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid apoya la resolución del Ministerio contra Airbnb
El Ministerio recuerda que los últimos meses ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron “esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma, resoluciones en las que se instaba a esta empresa a bloquear esta publicidad”.
Airbnb recurrió esta acción ante la Justicia para evitar el bloqueo “y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre la primera resolución emitiendo un auto en el que avala las actuaciones de Consumo”, explica el Ministerio.
De este modo, el TSJ insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata.
¿Qué normativas incumplen los anuncios en Airbnb según el Ministerio?
Desde la Dirección General de Consumo se argumentaron tres razones para justificar la ilegalidad de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas:
- Los anuncios no incluyen el número de licencia o registro. “Esto es algo obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada”, indica el Ministerio.
- Los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores. “Es decir, no indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no”.
- Los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. “Esta práctica puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras2.
Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
Por otro lado, la Unidad de Análisis de Consumo del Ministerio está ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones “para que pongan fin a los miles de anuncios ilícitos detectados”.
Airbnb es la principal plataforma de alquiler de viviendas turísticas. Fuente: Adobe Stock
Otros expedientes en marcha
Desde el Ministerio también se recuerda que la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024 a una plataforma de alquiler de vivienda turística por un potencial incumplimiento de la normativa de Consumo sobre la publicidad del número de licencia, y que en febrero de 2025 abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador.
“Estos expedientes sancionadores siguen su curso con independencia de las medidas ahora anunciadas”, indica el Ministerio.
